El Tribunal Supremo ha avalado que el Gobierno excluyera a finales de 2010 la financiación del plan de viabilidad de Elcogas, por la que había recibido en los cuatro años anteriores una aportación anual a fondo perdido de 252 millones de euros, con cargo a la tarifa eléctrica.
En una sentencia, la sala de lo contencioso-administrativo, de acuerdo a la respuesta que recibió del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dentro de este procedimiento, rechaza el recurso de la empresa contra la orden del Ejecutivo de 28 de diciembre de 2010 relativa a la tarifa eléctrica de 2011, confirmando que la financiación que recibió tenía carácter de ayuda estatal.
Los magistrados recogen el artículo 107.1 del tratado de la Unión, que establece la incompatibilidad con el mercado interior de las ayudas estatales a determinadas empresas o producciones en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros y que falseen o amenacen falsear la competencia.
Así, el Alto Tribunal explica que, además de ser ayudas estatales, el dinero que se derivó a Elcogas le supuso «una innegable ventaja competitiva sobre las demás empresas del sector, que no disponían de aquella financiación estatal privilegiada».
Una ayuda que fue cuando menos «un potencial falseamiento de la competencia pues fortaleció la posición financiera de Elcogas en relación con el resto de sus rivales, privados de este mismo beneficio».
Además, los magistrados precisan que la ayuda pública a Elcogas reconocida en el Plan de Viabilidad no fue notificada, como era preceptivo, a la Comisión Europea, por lo que «no podía, en consecuencia, ser hecha efectiva hasta obtener la declaración de compatibilidad por parte de esta institución comunitaria que, obvio es afirmarlo, en ningún caso la ha autorizado».
De ahí que concluya que los pagos de 252 millones de euros realizados entre 2007 y 2010 no estaban autorizados y que, por ello, Elcogas no pueda volver a ser financiado con cargo a la tarifa eléctrica, o subsidiariamente a ser indemnizado por el Estado en ese concepto.
La empresa disfrutó hasta 2011 de un régimen excepcional de financiación como titular de una central térmica de producción de energía eléctrica en Puertollano (Ciudad Real), generada mediante la gasificación de carbón y otros combustibles alternativos, originando unos sobrecostes elevados a los que no podía hacer frente solo con los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad.
El pasado enero, el Consejo de Administración de Elcogas acordó en una reunión extraordinaria suspender temporalmente el cierre de su planta en Puertollano (Ciudad Real), pero el Ministerio de Industria desestimó recientemente la solicitud, aunque dio traslado del expediente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).