La Junta de Castilla-La Mancha recurrirá ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anula el plan de recursos humanos de los conductores oficiales. El Gobierno regional considera errónea la interpretación que sirve al tribunal para anular el Plan de Empleo de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2014.
Según el TSJ, era preceptivo un informe previo de la Dirección General de Presupuestos, algo que no se incluyó en el Plan de Recursos Humanos. La Junta sostiene en nota de prensa que el artículo 37.3 de la Ley de Presupuestos establece con claridad que no hay razón para solicitar el informe cuando el propósito razonado y debidamente argumentado es el de reducir costes, ya que, en ese caso, lo que ha de valorarse es la corrección o no de las motivaciones administrativas desarrolladas en la parte expositiva del plan.
Nada más acceder el nuevo Gobierno de Cospedal, «se tomaron medidas de eficiencia en el gasto que incluían un nuevo diseño del parque móvil». La administración regional indica que se eliminó el 50 por 100 de los conductores de altos cargos, se redujo la plantilla de los laborales temporales, consiguiendo un ahorro de un millón de euros, y se redujo la flota de automóviles un 20 por 100.
«Ese plan de eficiencia en el gasto incluía también un plan de recursos humanos para los conductores de los coches oficiales, donde se pactó con los sindicatos la recolocación del 50 por 100 de los conductores en otros puntos de la administración, garantizándoles el 100 por 100 de su sueldo».
El Ejecutivo regional explica que el número de conductores oficiales había ido creciendo desde el año 2000 en la región «de forma imparable», hasta el punto de que «en 2005 se duplicó el número de coches oficiales», pasando de 128 a 253.
El actual Gobierno decidió reducir los conductores oficiales «por motivos económicos, organizativos y de mejor gestión».