Los trabajadores del centro ocupacional de discapacitados psíquicos «La Fuensanta» de Ciudad Real se han concentrado para exigir la readmisión de un delegado sindical despedido y para denunciar la «caza de brujas» emprendida por la dirección frente a las denuncias del comité de empresa en materia de prevención de riesgos.
«En vez de poner remedio a las cuestiones denunciadas por los representantes legales de los trabajadores, el gerente ha desatado una caza de brujas», ha explicado el responsable del Sector Socioeducativo en CCOO, Antonio Romero, quien ha destacado que «todos los trabajadores de ‘La Fuensanta’ que podían hacerlo han salido a las puertas del centro para sumarse a la concentración y exigir la readmisión del compañero injustamente despedido».
Según informa Comisiones Obreras en nota de prensa, Romero ha explicado que el comité de empresa viene denunciando que el centro adolece de una adecuada evaluación de riesgos y de medidas preventivas ante el aumento de las conductas agresivas de los usuarios, «lo que conlleva para la plantilla riesgos psicosociales graves; derivados no sólo de la especial naturaleza de la actividad que desarrollan, sino también de las deficiencias en la organización del centro».
«Hay escasez de personal, sobrecarga de trabajo, falta de apoyo social, carga emocional excesiva, ausencia de definición de las funciones y de las tareas a desarrollar en cada uno de los puestos de trabajo y una organización deficiente de horarios y tareas. Y todo ello supone una merma en la calidad del servicio que se presta a los usuarios», explica Romero.
Ante la denuncia de estos hechos por parte del comité, «la pasada semana asistíamos al despido de un trabajador que tras 11 años de servicio y con una gran valoración por parte de usuarios y compañeros, ha sido acusado falsamente de una conducta que no ha sido probada por la dirección de la entidad. A pesar de sus esfuerzos por demostrar algo que no ha ocurrido y a pesar de las presiones y amenazas al resto de compañeros para que mintieran, no han conseguido fundamentar ni demostrar la acusación», recalca el responsable de CCOO, sindicato que ya ha recurrido el despido.
«Este despido lo que esconde es una más de las actuaciones despóticas del gerente de la entidad que pretende que los trabajadores ni ejerzan sus derechos ni los reclamen. Esto es lo que ha ocurrido en este caso», explica Romero, que añade que «no es la primera vez que se intenta la coacción y la apertura de un expediente a un miembro del comité de empresa por reclamar una mejora de las condiciones socio laborales dentro de la entidad».
«Se utilizan los expedientes sancionadores como medio de coacción y de amenaza directa a los trabajadores cuando reclaman sus derechos laborales y sociales. Se ha llegado a modificar el puesto y las funciones de los trabajadores como castigo sin previo aviso. Estas cuestiones también las venía denunciando el trabajador despedido, que además era delgado de prevención en la entidad y, como tal, días antes había reclamado una mejora en las condiciones de seguridad y salubridad en la empresa».
«Su despido sólo y exclusivamente pretende amedrentar y acallar a los trabajadores que reclaman sus derechos y de paso mandar un mensaje al resto de la plantilla, para que no ejerzan sus derechos legales».