El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha anunciado la extinción de las enseñanzas de la Fundación Virtus y, al tiempo, la ampliación de la oferta educativa del IES Virgen de Gracia de Puertollano para acoger a los 85 alumnos que estaban formándose en la desaparecida fundación.
Marín ha hecho este anuncio en Ciudad Real tras reunirse con la alcaldesa de la capital, Rosa Romero, en referencia a la desaparición de la Fundación Virtus, centro de formación aeronáutica que, según una auditoría de Aviación Civil, no tiene viabilidad económica para continuar su actividad.
La pasada semana, Aviación Civil ordenó la suspensión temporal de la actividad formativa de la Fundación Virtus hasta que se subsanasen las irregularidades económicas que detectó en esa auditoría.
El consejero ha asegurado que el Gobierno regional ha resuelto «el problema de ilegalidad» de Virtus, que actualmente contaba con un sólo patrono (el Ayuntamiento) y con multitud de deudas tanto con Hacienda como con la Seguridad Social.
Marín ha señalado que se ha resuelto «extinguir» la Fundación Virtus, aunque sus 85 alumnos no se quedarán en la calle, ya que se ha ampliado la oferta educativa del IES Virgen de Gracia de Puertollano.
El consejero ha apuntado que la Fundación Virtus cuenta con una deuda de 3,8 millones de euros, algo que tendrán que explicar los que han sido sus responsables.
El anuncio de Marín se ha producido al tiempo que los estudiantes de Virtus hacían público un comunicado en el que daban a conocer que Virtus tendría que cerrar el viernes 11 de noviembre si no solucionaba su problema económico.
Los estudiantes han denunciado que los trabajadores del centro llevan seis meses sin cobrar y que van a ser despedidos y han expresado su temor por quedarse sin formación para obtener el título de técnico superior de Mantenimiento Aeromecánico tras haber realizado en algunos casos dos cursos y medio y en otros más de uno.
La Fundación Virtus fue uno de los últimos escándalos de la gestión del expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda, al descubrirse un agujero de 3,5 millones de euros. Hubo entonces peticiones de dimisiones por parte del PP que también solicitó debido al escándalo una comisión de investigación. La Junta ejercía entonces de patrono de la Fundación.