No están en absoluto de acuerdo con las declaraciones de la consejera de Agricultura, Marisa Soriano, respecto a lo que supondrá para ellos la reforma de la Ley de Montes, después de que ayer dijera que esta reforma «no afectará de manera que pueda dañar el trabajo que están realizando los agentes forestales a nivel nacional». Por lo que en un comunicado que han hecho público hoy afirman que les parecen unas declaraciones «bochornosas y malintencionadas».
Son los miembros de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM CLM), quienes entienden que lo dicho por Soriano «es mentira y una falta de respeto a los 6.400 agentes forestales» y recuerdan que «cuando hay indicio de delito les corresponde actuar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».
Recalcan que han sido ellos quienes «hemos perseguido y denunciado en el Juzgado múltiples delitos contra la flora y la fauna, como el uso de venenos, cepos o lazos sin freno; las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales han llevado ante la justicia a numerosos pirómanos e incendiarios y en las últimas fechas han destapado asuntos tan graves como las construcciones presuntamente irregulares de la familia Oriol-Aznar en un parque nacional o las prácticas presumiblemente ilegales que se vienen realizando desde hace años en el Complejo Lagunar de Manjavacas, en la provincia de Cuenca. Y lo que es más curioso, mientras Soriano hacía estas declaraciones, agentes medioambientales de la provincia de Ciudad Real realizaban una intervención de deecomiso de cepos, lazos sin frenos y cajas trampa».
Indignados con la consejera, dicen que ella «hace patente a través de estas declaraciones el grave desconocimiento que tiene hacia el trabajo que desarrollan los agentes medioambientales y lo que es aún más grave, no conoce la legislación que les rige, ni las obligaciones que estos funcionarios públicos tienen en el ejercicio de sus competencias».
Por eso piden «la dimisión de Marisa Soriano como consejera de Agricultura por su manifiesta incompetencia para ocupar un puesto de tan amplia responsabilidad y por el grave perjuicio causado al medio ambiente de la región a través de sus desafortunadas declaraciones». Y finalizan que ellos se deben «a la ciudadanía y no estamos al servicio de la política, por lo que nos opondremos firmemente a esta ley para seguir protegiendo el valioso patrimonio medioambiental de Castilla-La Mancha».