El coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha denunciado que la fiscalización que ha hecho el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de la región correspondientes al año 2012, las primeras del actual gobierno, «es una fiscalización light y de parte».
Alejandro Alonso ha señalado que el Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe que «deja mucho que desear porque se ha realizado solo con los documentos que le ha remitido el gobierno de Cospedal y analizando una cantidad muy exigua de información».
El socialista ha dado algunos datos al referirse que sólo se han examinado alrededor de 40 contratos de la Junta de Comunidades, lo que supone tan solo el 3 por 100 del total del presupuesto que maneja la administración regional, «dejando, por tanto fuera de control casi toda la actividad contractual de la Junta». También criticó que el Tribunal de Cuentas no haya desplazado a ningún funcionario-auditor a comprobar en las consejerías los documentos.
Para Alonso, ha quedado claro que la decisión de eliminar la Sindicatura de Cuentas con la justificación de que se ahorraba dinero público «era una pura falsedad. La realidad es que Cospedal ha querido eliminar todos los instrumentos de control externo de su gobierno y construir en Castilla-La Mancha una democracia de segunda división con escasa participación».
MÉTODO LEJANO DE LA SERIEDAD
El parlamentario socialista criticó, por último, que el presidente del Tribunal de Cuentas «se esté haciendo responsable de una forma de gobernar como la Cospedal y el PP que remiten sus cuentas en A a este tribunal mientras mantienen otras en B».
Para Alonso, «es lamentable que el Tribunal de Cuentas haya aceptado un método de fiscalización para las cuentas de Castilla-La Mancha que dista mucho de ser riguroso, serio y conforme exigen los nuevos tiempos».