Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha cuestionado el anteproyecto de Ley regional de Simplificación y Agilización Administrativa porque considera que supone un paso hacia la privatización de servicios, y que implicará un debilitamiento de garantías medioambientales en la tramitación de futuros proyectos.
La organización ecologista ha cuestionado en una nota de prensa el hecho de que el texto legal, al que ya han presentado alegaciones, recoja la posibilidad de que el control y supervisión de los proyectos los puedan ejercer entidades privadas en lugar de funcionarios de la administración regional.
En este sentido, ha calificado de «clara dejación de funciones» la posibilidad de que las denominadas «entidades colaboradoras de la Administración» puedan desempeñar esta labor con una declaración responsable como único requisito; algo que ha considerado «inaceptable».
Ecologistas en Acción ha defendido que el control para aprobar nuevos proyectos, y en especial aquellos que son de especial sensibilidad medioambiental, «debe continuar siendo ejercido por los empleados públicos de la administración, que cuentan con la preparación y los conocimientos que garantizan el desempeño de su función».
Ha añadido que las experiencias de privatización en sanidad, educación o atención a los ancianos «no ha mejorado la eficiencia en la prestación» de los servicios.
Preocupa que se dé silencio administrativo
Asimismo, ha manifestado que es «muy preocupante» que se dé un sentido positivo al silencio administrativo, lo que abre la puerta a la aprobación de proyectos «muy sensibles sin que hayan sido debidamente evaluados».
Por otra parte, ha mostrado su temor de que la reducción de plazos administrativos que contempla el anteproyecto de la ley pueda aplicarse a los trámites ambientales, y se reduzcan así los períodos para alegar, o que se dejen en manos de las entidades colaboradoras los mecanismos de reclamación ciudadana.
Ecologistas en Acción ha recordado que cinco de las nueve normativas afectadas por esta ley se refieren a competencias ambientales, y ha apoyado la creación de una comisión para la agilización, siempre y cuando respete «el principio de no regresión en materia ambiental, ni perjudique su naturaleza de servicio público».
El Gobierno de Castilla-La Mancha inició el pasado 24 de octubre el proceso participativo del anteproyecto de esta ley, cuyo plazo ha concluido este martes 19 de noviembre.