UGT, CCOO y USO han protestado este jueves ante la sede del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) por el bloqueo del convenio colectivo del transporte sanitario, para cuyas plantillas reclaman una reducción de horas trabajadas y un contrato del servicio con dotación suficiente para acometer mejoras salariales.
Coincidiendo con la apertura de las ofertas económicas en el proceso de licitación de este contrato para las cinco provincias de la región, los sindicatos se han concentrado para exigir que no se adjudique el servicio a la baja, lo que luego se traduce en problemas salariales para unos trabajadores que tienen los sueldos congelados «desde el año 2012».
En este sentido, la responsable de la Federación de Servicios de CCOO, Lola Cachero, ha resaltado en declaraciones a los medios durante la concentración que en 2017 el contrato se adjudicó con una reducción de seis millones de euros respecto al precio de licitación, y ha exigido que se deje de lado la «demagogia» cuando se hable de subidas, y se aporte una dotación suficiente.
Por su parte, el responsable de transporte sanitario en UGT Castilla-La Mancha, Serafín García, ha argumentado que los trabajadores de este sector en la región realizan 2.184 horas anuales de jornada, mientras el resto de trabajadores públicos están en 37,5 horas, unas 1.700 anuales.
García ha afirmado que el contrato que el Sescam ha sacado a licitación es «deficitario» y llega «justo» para pagar los salarios a los aproximadamente 2.000 trabajadores, además de ser un «concurso cerrado que congela los salarios durante cinco años más».
Ha criticado que no quieren ser «esclavos del Sescam», sino que se les pague de manera digna por las horas que trabajan.
El responsable de Servicios de USO en Castilla-La Mancha, Carlos Sánchez, ha remarcado que se trata de unos trabajadores que durante la pandemia «trabajaron en situaciones muy precarias y llegaron a perder la vida», por lo que ha recordado a la administración que ahora lo que necesitan son mejoras laborales «porque no pueden vivir de los aplausos».
Todo ello con un convenio colectivo caducado desde diciembre de 2023, según han subrayado los representantes sindicales, que han acusado a la patronal de bloquear el acuerdo y a la Junta de «mirar hacia otro lado».
Asimismo, han instado a la administración regional a convertir a estos trabajadores en personal público, para que puedan tener las mismas condiciones que el resto de sanitarios.