El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en una nueva normativa que va a permitir simplificar los procedimientos urbanísticos que servirán para favorecer el trabajo de los municipios en zonas despobladas en materia de vivienda.
Esta información la ha avanzado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, durante la firma de los contratos para la elaboración de las cinco Agendas (piloto) de Desarrollo Urbano y Rural con los correspondientes Grupo de Acción Local y las empresas que se van a encargar de la redacción, que se ha celebrado en la localidad toledana de Navamorcuende, tal y como ha explicado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.
Las cinco comarcas que tendrán las agendas de Desarrollo Urbano y Rural
El Gobierno autonómico ha detallado que las cinco primeras agendas se desarrollarán en las comarcas de Sierra de Alcaraz (Albacete), Campo de Montiel (Ciudad Real), Cuenca centro, Señorío de Molina (Guadalajara) y La Jara (Toledo).
Estas agendas, ha explicado Martínez Guijarro, “servirán de guía para poder incidir sobre esas áreas ya identificadas en la Ley de medidas contra la Despoblación con actuaciones más concretas, y multiplicar así los resultados”.
En este punto, ha apelado a que el proceso de creación de estas agendas sea muy participativo, escuchando a los territorios “porque son los que conocen mejor la realidad de cada una de estas zonas”.
En cuanto a la nueva normativa en la que trabaja el Ejecutivo regional que va a permitir simplificar los procedimientos urbanísticos que servirán para favorecer el trabajo de estos municipios en materia de vivienda, Martínez Guijarro ha explicado que se trata de seguir por esa senda de agilización de los trámites dotando de herramientas a los pequeños municipios para poder movilizar viviendas en zonas afectadas por la despoblación con el fin de “incrementar la oferta de vivienda en estos municipios”.
Agilizar las licencias e impulsar instrumentos urbanísticos
El objetivo es agilizar no solo la concesión de licencias, sino también la aprobación de otros instrumentos urbanísticos como calificaciones urbanísticas, proyectos de urbanización o de reparcelación, entre otros, que van a servir para la implantación de empresas en el territorio y el desarrollo de los pueblos, ha explicado Martínez Guijarro.
Además, el vicepresidente primero ha insistido en la urgencia de adaptar la Ley de Contratos del Estado a estos pequeños municipios, porque “no pueden tener los mismos procedimientos que las grandes ciudades, ya que son importantes operadores en el territorio y se les tiene que permitir operar con las empresas del territorio”.
Asimismo, ha apelado al resto de administraciones a ser «conscientes» de que cuando se apruebe una normativa, hay que prever la aplicación de esa normativa en estas zonas rurales algo que, ha continuado, en Castilla-La Mancha se hace tras incluir la obligación de la Memoria de Impacto Demográfico en toda la normativa de la región desde el año 2022.