La Fiscalía ha pedido siete años de prisión y una multa de 6.933.000 euros a un presunto narcotraficante al que acusa de organizar la introducción en España de 203 kilos de cocaína en contenedores de piñas, que se hallaron en Talavera de la Reina (Toledo), según han informado fuentes de la acusación pública.
Durante el juicio celebrado hoy en la sección segunda de la Audiencia de Alicante, el sospechoso ha admitido su implicación en estos hechos, por los que ya fueron juzgados y condenados en enero del pasado año otros siete procesados a sendas penas de ocho años de prisión.
El alijo fue incautado por agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco)-Levante II el 1 de abril de 2011 en una nave industrial de Talavera de la Reina, al término de una investigación que se había iniciado en octubre de 2010 y que incluyó seguimientos, vigilancias e intervenciones de los teléfonos móviles de los implicados.
La operación se saldó con una docena de arrestos pero sólo diez fueron juzgados por la Audiencia en enero del pasado año porque los otros dos se fugaron tiempo después de su detención, tras quedar en libertad, y tuvieron que ser declarados rebeldes.
Uno de ellos fue capturado en Panamá y extraditado después a España mientras que el duodécimo se encuentra detenido en Francia, pendiente de extradición.
La investigación policial reveló que los narcotraficantes habían introducido la droga en España procedente de Costa Rica entre un cargamento de piñas, a través del puerto de Valencia, gracias a la información que les facilitó un antiguo transitario de esa terminal.
Los narcotraficantes usaron la empresa Exportfruit Global de Centroamérica para exportar el alijo por mar y otra mercantil, Eurozona Levante SL, con domicilio en la localidad alicantina de La Nucia, como importadora.
El Tribunal Supremo confirmó recientemente la sentencia dictada por la Audiencia de Alicante contra el grueso de los implicados.
El extraditado por Panamá ha reconocido hoy en la vista oral su implicación en los hechos, según fuentes de la Fiscalía, que ha reclamado para él siete años de cárcel por un delito contra la salud pública.