El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha propuesto una ley regional que limite de forma eficaz los precios del alquiler en las zonas tensionadas, llevar a cabo políticas que incentiven sacar al mercado las 300.000 viviendas vacías que hay en Castilla-La Mancha, como subiendo el IBI a esas viviendas, así como incrementar el parque de vivienda pública, tanto comprando inmuebles por parte de las administraciones, como construyendo y dejando como VPO de por vida.
El secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha señalado directamente al Gobierno regional en varias cuestiones, como en que establezca un control y un régimen sancionador para las viviendas de uso turístico que operan sin licencia, alertando de que ese tipo de uso está provocando un incremento de los precios y un proceso de gentrificación en Toledo y en Cuenca.
El sindicato, a partir de enero, va a iniciar una ronda de contactos institucionales para trasladar sus propuestas en vivienda, comenzando por la Consejería de Fomento y su Dirección General de Vivienda, pero también con ayuntamientos, sobre todos los que tiene una situación más tensionada del mercado de vivienda, como Toledo, Guadalajara, Albacete y Cuenca.
«El Gobierno regional no puede eludir responsabilidades»
Después de desgranar las conclusiones del informe Vivienda y Bienestar, también pide que se saque «del cajón» la ley de vivienda regional que quedó paralizada en 2018 en la tramitación parlamentaria, para que pueda comenzar a regular el precio del alquiler e incrementar el parque público, dos de las cuestiones que planteaba esa ley, según ha recordado, porque del Puerto ha insistido en que el Gobierno de Emiliano García-Page «no puede eludir responsabilidades después de ocho años de Gobierno».
«No se puede subvencionar suelo, promociones sin saber que no vamos a cometer los mismos errores que en la crisis de 2008», ha explicado, puesto que ha apuntado a que la liberación de las VPO y su venta a precios de mercado también ha ayudado a que los precios se disparen.
Así, con esa ley también quiere que a los alcaldes también se les dote de las herramientas necesarias para que puedan declararse como zonas tensionadas y, por lo tanto, poder limitar los precios.
Un cambio de legislación que lleve también a los ayuntamientos a poder incrementar el IBI y que las viviendas que no se usan tengan un recargo.
Y es que el dirigente de CCOO ha subrayado que hay más de 115.000 viviendas vacías en municipios de más de 5000 habitantes, por lo que ha insistido en que «no se debe poner ni un ladrillo», mientras no se organice el parque de vivienda actual.
Desde CCOO no se posicionan en contra de la construcción de nuevas promociones, pero del Puerto ha insistido en que no quieren VPO «para 10, 20 o 50 años», sino que lo que quieren es que estas sean de por vida.
Así, ha criticado el plan que está llevando a cabo el gobierno regional de viviendas en régimen de alquiler asequible, puesto que entiende que no están rebajando los precios del mercado, sino que están en las mismas cifras y, además, esas viviendas dejarán de ser públicas después de 50 años.