Si el ciudadano Pepito Pérez, sin ninguna relevancia pública, se hubiera acogido a la llamada amnistía fiscal de 2012, para regularizar el dinero que tenía en bancos extranjeros sin declararlo a la Hacienda española ni pagar los impuestos correspondientes, se trataría de «un asunto particular». En ese caso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tendría razón.
Si quien se beneficia de esas medidas es Rodrigo Rato, aunque sea dinero ganado legalmente con sus trabajos privados después de haber ocupado distintos cargos públicos, es un asunto de interés general. La vicepresidenta no tiene razón cuando dice, como hizo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que Mariano Rajoy no dará explicaciones en el Congreso sobre este caso porque es «un asunto particular».
CASI SUCESOR DE AZNAR
Recordemos que Rodrigo Rato fue ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente económico del Gobierno con José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI); presidente de Caja Madrid y Bankia, entidades rescatadas con dinero público. Y estuvo a punto de suceder a Aznar en 2004 como candidato a la Presidencia del Gobierno, aunque finalmente el dedo del entonces presidente señaló a Mariano Rajoy.
¿Cómo va a ser «un asunto particular» que una figura política de su talla decida acogerse a las medidas que ha promovido el ministro Cristóbal Montoro -que antes había sido su subordinado- para declarar lo que tiene en el extranjero? Es dinero privado y legal, claro que sí, pero que haya sido regularizado utilizando medidas tan criticadas como esa amnistía fiscal es de interés público. La ciudadanía tiene derecho a recibir toda la información, siempre, pero el Gobierno parece que se resiste a aceptarlo.
Cuando aún no se han apagado los ecos y la polémica por este caso, los ciudadanos han sabido por los medios de comunicación que el ex ministro Federico Trillo -actual embajador de España en Londres- y el diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte cobraron sustanciosas cantidades por asesorar, mientras eran diputados, a una empresa constructora especializada en realizar obras públicas. Lo hicieron con autorización del Congreso –habría que restringir al mínimo las actividades privadas que pueden realizar los parlamentarios mientras ocupan un escaño-, de manera legal y declarando esos ingresos a la Agencia Tributaria.
LOS ASESORAMIENTOS DE TRILLO Y PUJALTE
Ésta también es una actividad «particular» de ambos, pero tiene interés para la ciudadanía porque se trata de dos parlamentarios que cobraron 354.560 euros en tres años (Trillo) y 75.000 en uno (Pujalte) por asesorar a una empresa que contrataba obras públicas con la Administración. Y la Agencia Tributaria no ha encontrado ningún documento que acredite que hicieron esos trabajos, lo que ambos explican diciendo que era un asesoramiento verbal.
Durante los últimos años, la ciudadanía ha conocido con sorpresa, estupor y hasta incredulidad varias investigaciones judiciales sobre casos de corrupción: la trama Gürtel», Luis Bárcenas, los ERE de Andalucía, la familia Pujol, los negocios de Iñaki Urdangarin…
No hay que comparar con esos casos la situación fiscal de Rato o los cobros por asesoramientos de Trillo y Pujalte, estos últimos totalmente legales. Pero unos y otros han caído en el PP como la granizada que destroza la fruta en los árboles cuando está a punto de ser recolectada.
PREOCUPACIÓN EN EL PP
Cuando falta sólo un mes para las elecciones municipales y autonómicas, y unos pocos más para las generales, estos «asuntos particulares» de gente tan conocida del PP como los tres citados -especialmente lo de Rato, que pidió su baja en el partido tras ser imputado por su participación en la salida a bolsa de Bankia- han causado preocupación y nervios en el partido del Gobierno, por temor a que influyan más aún que los recortes económicos para restar votos a los populares.
Este riesgo -para algunos, porque otros lo ven como una esperanza- no se resuelve haciendo que José María Aznar participe en más mítines en la campaña electoral. Para ganarse la confianza de los ciudadanos, los partidos que aspiran a gobernar deben cambiar su manera de hacer política y muchas caras demasiado conocidas porque llevan demasiados años en la primera fila, ser coherentes, cumplir sus promesas y ofrecer toda la información. Siempre y sobre todo. Está aún por ver que algunos estén dispuestos a hacerlo.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
En el PP de Castilla-La Mancha y en el Gobierno que preside María Dolores de Cospedal también hay preocupación, aunque nadie lo reconoce en público, porque sus perspectivas para las votaciones del 24 de mayo no son tan positivas como dicen.
Los dirigentes del PP regional saben que la reducción de 53 a 33 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, que podría haberles beneficiado si sólo obtuvieran escaños ellos y el PSOE, puede perjudicarles por la entrada de Podemos o Ciudadanos. Además, temen perder los ayuntamientos de algunas ciudades importantes en las que ahora gobiernan. Dentro de un mes, la respuesta.