La Audiencia Provincial de Guadalajara ha ratificado la condena por injurias a María Antonia Pérez León, expresidenta de la Diputación y actual portavoz del Grupo Socialista en la oposición, por llamar «sinvergüenza» y «capo de la mafia» al vicepresidente de la institución, Lorenzo Robisco, en el curso de un pleno.
Esta sentencia responde al recurso presentado por Pérez León contra la condena que le impuso un juzgado de primera instancia el pasado mes de marzo y en ella se establece que la Constitución «no reconoce en modo alguno un pretendido derecho al insulto», según ha informado hoy en una nota la institución provincial.
Según la sentencia de la Audiencia, «en el ámbito de una discusión de naturaleza política, resultan absolutamente innecesarias expresiones como las proferidas para el fin perseguido por el comunicante y, siendo por ello gratuitas a la vez que objetivamente insultantes, como acertadamente señala la sentencia de instancia, vulneraron el derecho al honor del destinatario de las mismas, reuniendo los elementos propios de la injuria».
La Audiencia señala también textualmente en su sentencia que «el que las personas que ostentan un cargo de autoridad pública o las que poseen relieve político, se hallen sometidas a la crítica en un estado democrático no significa en modo alguno que, en atención a su carácter público, queden privadas de ser titulares del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 de la Constitución».
Así, la Audiencia Provincial de Guadalajara entiende que determinados «excesos» que son admitidos como parte de la crítica política «no abarcan expresiones ofensivas como las que son objeto de denuncia».
Tras conocer esta sentencia, Lorenzo Robisco ha expresado su satisfacción, pero ha lamentado que una persona que ha sido la máxima responsable de la Diputación de Guadalajara, «lejos de pedir perdón», recurriese, si bien ahora ha sido condenada «en sentencia firme por injuriar a un compañero».
Por ello, Pérez León deberá pagar una multa y 300 euros de indemnización al vicepresidente de la Diputación, quien espera que lo haga de forma inmediata, para poder entregar ese dinero a alguna ONG, como anunció cuando se conoció la primera sentencia recurrida.