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miércoles, 15 de enero de 2025
Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Juicio suspendido - 14 enero 2025 - Ciudad Real

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha decretado una orden de detención para G.M.S., un refugiado afgano acusado de abusar sexualmente de una compatriota y dejarla embarazada, por no presentarse a declarar al juicio que debía de haberse celebrado este martes.

Según la Fiscalía, el joven afgano, de 25 años, está acusado de agredir sexualmente y dejar embarazada a una compatriota, de 23 años, a la que conoció en Ciudad Real al estar también bajo el Sistema de Acogida de Protección Internacional de una ONG.


De acuerdo al escrito de acusación, ambos se conocieron a través del programa de refugiados que coordina una ONG, estableciéndose una relación de amistad y ayudando el acusado a la víctima a “integrarse” en España con mayor facilidad, dado que éste llevaba más tiempo en el país.

A mediados de septiembre del 2022, el acusado pidió a la víctima que acudiera a su domicilio para entregarle la aguja e hilo que la mujer le había solicitado para poder confeccionar su propia ropa.

Estando ya en el domicilio, el acusado invitó a la mujer a consumir bebidas alcohólicas, accediendo ella a beber una copa, la cual no terminó. Posteriormente, el hombre obligó a la víctima a ir a su habitación contra la voluntad de ella.

La víctima interrumpió el embarazo

Una vez en la habitación, según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado desnudó a la chica “rompiéndole la camisa” y bajándole el pantalón y la ropa interior. Después “la tiró sobre la cama” y la violó, llegando el acusado a eyacular en su interior. A consecuencia de estos hechos, la mujer quedó embarazada, aunque decidió interrumpirlo.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal pedía para el acusado una pena de prisión de seis años por un delito de agresión sexual, además de ordenar la expulsión del territorio nacional para G.M.S. una vez que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena y con la prohibición de regresar a España en un plazo de diez años.

Además, solicitaba una indemnización para la víctima de 25.000 euros por los daños morales causados.

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