Podemos plantea la creación de una ley de emergencia social para atender las situaciones más urgentes y evitar la exclusión en Castilla-La Mancha, dentro del Plan de Rescate Ciudadano que acompañará al programa con el que concurrirá a las elecciones autonómicas.
El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Comunidades, José García Molina, ha defendido esta tarde la necesidad de hacer esta ley de emergencia social que incluirá, entre otras medidas, las relacionadas con vivienda y con la pobreza energética, ante la situación que viven muchos castellanomanchegos.
García Molina ha indicado que un tercio de los castellanomanchegos está en situación de riesgo de pobreza o exclusión, mientras que un 10,5 % de la población (unas 218.000 personas) padecen «pobreza severa» y casi un 6 % (unas 118.000 personas) padecen «pobreza extrema».
Es una de las propuestas del Plan de Rescate Ciudadano, que ha sido dado a conocer esta tarde por García Molina y por la secretaria regional de Rescate Ciudadano de la formación, María Díaz, que ha explicado que no solo plantea atender las situaciones de emergencia y de pobreza, sino acciones preventivas para evitar la exclusión.
Díaz ha explicado que se busca actuar ante situaciones de emergencia, prevenir la exclusión social, recuperar los servicios públicos, aplicar nuevas políticas económicas de eficiencia y sostenibilidad sobre todo dirigidas a las pymes y recuperar recursos públicos principalmente a través de la lucha contra el fraude fiscal y una reforma tributaria.
El plan está dividido en once bloques, entre los que destacan la puesta en marcha de la ley de emergencia social, los procedimientos de emergencia ciudadana, el plan de autonomía de rentas y de rescate contra el endeudamiento.
RESCATE FISCAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Los siete bloques restantes son rescate fiscal y lucha contra el fraude, rescate de servicios y fondos públicos, rescate sanitario, rescate a personas dependientes, rescate educativo, rescate a autónomos y pymes y atención inmediata a víctimas de la violencia de género.
La ley de emergencia social incluirá, entre otras medidas, la declaración inmediata «del estado de emergencia habitacional» en Castilla-La Mancha y la suspensión temporal de los deshaucios.
También se incluye un plan contra la pobreza energética por el cual se garantiza por ley un mínimo vital de subsistencia en los suministros de agua, luz y gas, que recuperarán el carácter de servicio público y se establecerán ecotasas que graven las actividades contaminantes de las eléctricas.
Habrá también un programa de atención a las más de 27.000 personas «que se encuentran en el limbo de la dependencia en la región» y un plan de garantía de rentas para reformar y mejorar el ingreso mínimo de solidaridad, ha apuntado Díaz.
Asimismo, se propone hacer un procedimiento judicial simplificado para cancelar y reestructurar deudas, que reconocerá el derecho a la dación en pago.
Podemos se propone aplicar el plan en los cien primeros días de gobierno, ha señalado García Molina, que ha calificado las medidas que contiene como «concretas, realizables y urgentes».
«NO PROMETEMOS IMPOSIBLES»
Ha insistido en que las medidas son realizables, porque «no todo es cuestión de dinero sino de voluntad política» y ha aseverado: «No estamos aquí para romper el tablero, no prometemos imposibles».
En este sentido, ha abogado por impulsar un incremento de los ingresos públicos, a través de una reforma fiscal progresiva, que pasa por luchar contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida.
El candidato de Podemos ha comentado que según algunos estudios la economía sumergida alcanza en Castilla-La Mancha el 29 % del PIB, que suponen «10.000 millones de euros que no están sujetos a ninguna fiscalidad».
Asimismo, Podemos propone realizar una reforma tributaria autonómica que contemple el incremento en la progresividad del Impuesto sobre el Patrimonio, del tramo autonómico del IRPF y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.