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jueves, 30 de enero de 2025
Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.
Datos de la consejera de Desarrollo Sostenible - 28 enero 2025 - Toledo

El Gobierno regional ha informado que Castilla-La Mancha se ha situado como la primera comunidad autónoma en generación de energía solar fotovoltaica en España en 2024 según datos de Red Eléctrica. Así lo ha destacado Mercedes Gómez en la mañana de este martes durante la celebración de la III Jornada de Sostenibilidad y Biodiversidad organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en el Congreso de los Diputados en Madrid, donde la consejera de Desarrollo Sostenible ha participado en la mesa ‘Voces del territorio: experiencias de sostenibilidad y transformación local a través de la fotovoltaica’.

Generación renovable

También ha resaltado Gómez los “buenos datos respecto a la potencia instalada”, detallando que la región cierra 2024 superando los 15.507 megavatios “de los cuales un 86% procede de instalaciones de generación renovable, lo que nos sitúa 20 puntos por encima de la media española”. Este dato refleja que la Comunidad Autónoma ha sumado 883 MW renovables más de potencia instalada respecto a 2023, siendo la fotovoltaica, con 6.993 MW, la fuente mayoritaria en el mix regional donde representa el 45,7 por ciento del total.


El impacto de las renovables desde 2023 representa 1.500 millones de euros y 6.500 puestos de trabajo

La consejera ha señalado que en términos económicos el desarrollo de las energías renovables en Castilla-La Mancha se traduce en “inversiones cercanas a los 1.500 millones de euros y más de 6.500 puestos de trabajo directos e indirectos creados desde 2023 vinculadas a nuevas instalaciones de generación puestas en funcionamiento”.

Sólo en 2024, tal y como ha explicado, las inversiones estimadas “han sido de 475 millones de euros y 2.500 los empleos estimados”. Por lo tanto, “estamos muy satisfechos porque la apuesta del Ejecutivo de Emiliano García-Page por las denominadas energías limpias además de por nuestro compromiso medioambiental se traduce en la creación de riqueza con especial atención a las zonas rurales, contribuyendo a la lucha contra la despoblación, a la vez que nos permite seguir avanzando en la transición energética de la región y su descarbonización”, ha afirmado.

“Necesitamos de esta energía para descarbonizar nuestra industria y contar con un nuevo nicho de mercado de nuevos empleos en este ámbito, además de tener la posibilidad de abaratar el coste de la energía del ciudadano a través de la creación de comunidades energéticas que estamos promoviendo a través de las empresas que están detrás de los parques fotovoltaicos”, ha señalado.

Refugios de fauna, masas forestales…

Por último, Mercedes Gómez ha hecho hincapié en los beneficios que pueden conseguir los territorios donde se instalan las plantas fotovoltaicas a través de las denominadas ‘medidas compensatorias’ y de las de ‘custodia del territorio’, “por citar algunos ejemplos”.

Respecto a las primeras, Gómez ha indicado que en Castilla-La Mancha “hemos optado porque redunden en el beneficio de nuestro medioambiente y están enfocadas, entre otras, al fomento de hábitats esteparios, o a mantener extensiones cerealistas para las poblaciones de aves amenazadas compatibilizando las labores tradicionales con la conservación del hábitat de estas especies”.

O, a la creación de refugios de fauna, al mantenimiento de masas forestales, o a la construcción de infraestructuras y promoción de las actividades de educación ambiental que favorecerán el uso público y el turismo de naturaleza, “sin olvidarnos que exigimos que estos proyectos traigan aparejadas mejoras a nivel social en las comarcas donde se instalan a través de sus ayuntamientos con la contratación de personas y empresas de los municipios de sus aéreas de influencia”.

Sobre las medidas de «custodia del territorio», ha explicado que se trata de acuerdos voluntarios entre propietarios (agricultores, ganaderos, propietarios forestales o titulares cinegéticos) y entidades de custodia elegidas por los promotores de proyectos de energía fotovoltaica, “por los que se establece un pago a favor del propietario del bien custodiado, los llamados pagos por servicios ambientales, y por ejemplo, se adquiere el aprovechamiento cinegético de caza menor de una finca para que especies amenazadas como el águila imperial ibérica o el lince dispongan de especies presa para su alimentación, además de otras actuaciones que protejan su hábitat”.

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