Agustín Yanel
El mismo Partido Popular que el 22 de enero votó en el Congreso contra la revalorización de las pensiones votará próximamente a favor de revalorizarlas. Sus diputados rechazaron el decreto ómnibus del Gobierno porque incluía asuntos muy diversos, entre ellos devolver al PNV un palacete en París, algo que ven como un «regalo» al independentismo vasco. Ahora intentan justificar por qué han cambiado y votarán a favor del nuevo real decreto que el Gobierno ha pactado con Junts, del que han sacado las medidas de carácter económico para un decreto posterior pero que mantiene 29 medidas del anterior, entre ellas la devolución del palacete.
Es difícil para Alberto Núñez Feijóo y los dirigentes populares explicar su voto negativo de manera que convenza, porque la fórmula del decreto ómnibus también la han utilizado los gobiernos del PP. Y porque la devolución del palacete también la pactaron con el PNV, cuando gobernaban, José María Aznar y Mariano Rajoy: el primero para que votaran su investidura, pero después no lo cumplió; el segundo para que le apoyaran los Presupuestos Generales del Estado, pero no entregó del palacete porque dejó la Presidencia al perder la moción de censura, según ha publicado Ignacio Escolar, director de elDiario.es.
Dirigentes del PP molestos con su partido
Hay malestar en el partido y entre barones regionales, aunque sus dirigentes lo niegan en público, por la pérdida de votos que ese rechazo pudiera costarles entre los más de 10 millones de pensionistas. Y porque el nuevo decreto ya no incluye que el Gobierno central entregue a las comunidades autónomas los anticipos a cuenta de su financiación que iban en el decreto ómnibus rechazado: unos 10.000 millones de euros, de los que 8.000 millones corresponden a las gobernadas por el PP.
Tras ese voto negativo del PP se ha intensificado en los medios de comunicación y en las redes sociales la polémica siempre presente sobre las pensiones. Se habla mucho del sistema público de las pensiones en España y se debate, muchas veces con más demagogia que con argumentos contrastados, si es sostenible en el futuro. Pero apenas se habla de la próxima amenaza que sobrevuela la cabeza de los pensionistas. Ni el Gobierno ni los políticos ni las asociaciones empresariales o de jóvenes ni los medios de comunicación tratan este asunto, salvo algunas excepciones. Y esa amenaza existe y está a la vuelta de la esquina: las autoridades de Bruselas revisarán en marzo si el gasto en las pensiones es equilibrado, y es más que probable que exijan recortes, como vienen planteando desde hace tiempo.
Las pensiones públicas, una vez más, son utilizadas por los partidos y el Gobierno como arma arrojadiza de unos contra otros. En la práctica no se verán afectadas ahora, tras el acuerdo del Gobierno con Junts, pero los independentistas que lidera el huido de la Justicia Carles Puigdemont y los dirigentes y portavoces del PP han querido colgarse cada uno la medalla de haber tumbado una votación al Gobierno, en vez de pensar que con las cosas de comer no se juega, como dice el refrán. Y las pensiones y demás medidas sociales que incluía el decreto ómnibus son precisamente eso, son las cosas de comer conocidas como escudo social.
En esa bronca política todos olvidan la amenaza de Bruselas. No quieren hablar de ella, mientras distintos medios de comunicación -sobre todo, algunas cadenas de televisión que buscan audiencia a cualquier precio- organizan debates en los que enfrentan a jóvenes contra pensionistas, a defensores del sistema público de pensiones contra detractores del mismo, a economistas que lo consideran sostenible con otros que vaticinan su quiebra…
Hace varias décadas que hay quienes se esfuerzan en proclamar que el sistema público de las pensiones no podrá sostenerse a medio plazo, pero ese sistema sigue vigente. Cada cual ofrece «su» solución al supuesto problema de la no sostenibilidad de las pensiones público: ir prolongando progresivamente la edad de jubilación más allá de los 67 años, reducir su coste, elevar las cotizaciones, que haya más personas trabajando y cotizando… Pero, entre tanta polémica y con una economía que mejora mucho más que en Europa, el sistema público de pensiones no ha quebrado.
Blindar las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental
En medio de ese debate, desde hace doce años la plataforma unitaria Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) viene reclamando que sean reconocidas en la Constitución como un derecho fundamental, incluyendo la prohibición expresa de que puedan ser recortadas o privatizadas ni total ni parcialmente para que mantengan siempre su poder adquisitivo, con independencia de quién gobierne.
Más de 500 organizaciones sociales, sindicales y políticas de distinto signo integran esta plataforma, con un único objetivo común: blindar las pensiones en la Constitución. Distintos partidos políticos han expresado su apoyo a esta petición, en reuniones con la MERP, pero hasta ahora ninguno ha presentado una iniciativa con ese objetivo. Si lo hubieran hecho y la pensiones no se pudieran tocar, hoy no serían utilizadas como arma política y los partidos buscarían otras fórmulas para garantizar su sostenibilidad.
Hay que debatir sobre la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones, sí, pero hay que hacerlo sin demagogia y buscando con seriedad medidas que garanticen su sostenibilidad, no provocando enfrentamientos con la finalidad de convencer de las bondades de los planes privados de pensiones. Quien quiera contratar un plan privado, que lo haga, pero sin que eso suponga ningún recorte en las pensiones públicas.