El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha reconocido que las trabajadoras de la residencia de mayores Santa Ana, de Molina de Aragón (Guadalajara), gestionada por la Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra, tienen derecho a un incremento retributivo fijado en la normativa estatal.
Según ha dado a conocer en un comunicado la federación de UGT Servicios Públicos Guadalajara, que interpuso un conflicto colectivo contra esta comunidad, la sentencia «pone fin a una injusticia que esta plantilla, compuesta por cerca de 40 personas, la mayoría mujeres, sufría desde el año 2021 debido a la falta de regularización de sus retribuciones«.
De acuerdo a UGT, la Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra alegaba «ausencia de negociación y de un convenio sectorial aplicable», pero la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha señala que ambas cuestiones «no pueden ser utilizadas como excusas para no aplicar los aumentos salariales que corresponden a estos trabajadores y trabajadoras».
El fallo establece que el personal laboral tiene derecho a los incrementos retributivos del 3,5 % y 2 % fijados en la normativa estatal para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
“Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecen un marco normativo que fija los límites máximos de incremento retributivo para el personal laboral de la administración pública, pero en ningún caso permiten que la entidad empleadora decida unilateralmente si aplica o no dichos incrementos”, reza la sentencia, la cual también rechaza el argumento de la agrupación de municipios sobre la situación económica deficitaria del centro.
Desde UGT Servicios Públicos Guadalajara califican esta sentencia como un “hito clave” en la defensa de los derechos de todos los trabajadores públicos, no solo de los de la residencia Santa Ana. “Es un recordatorio de que las administraciones públicas no pueden incumplir la legislación laboral bajo pretextos económicos o administrativos”, añade este sindicato.