El Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar un «recurso de casación» tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha, que ha declarado nulo el reglamento general de aplicación de la ley de caza de la región por la ausencia del informe preceptivo del Consejo Regional de Caza.
«La sentencia aún no es firme»
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, lo ha anunciado durante su visita este lunes a la Laguna Larga de Villacañas (Toledo), donde ha recordado que la sentencia todavía «no es firme».
Como ha señalado, «en el Consejo Regional de Caza se debatió suficientemente este reglamento» y en él, los «miembros de este Consejo Regional de Caza, incluido los grupos conservacionistas, pudieron aportar sus consideraciones», por lo que «se emitió la certificación correspondiente».
A raíz de esta sentencia, Ecologistas en Acción, que interpuso el recurso contencioso administrativo que ha dado lugar a la anulación del decreto, ha denunciado en una nota de prensa «los procedimientos ilegales y antidemocráticos que de un tiempo a esta parte está poniendo en práctica el Gobierno regional en la aprobación de normas que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía en general».
«Ecologistas en Acción se equivoca»
Mercedes Gómez ha respondido a estas declaraciones para decir que Ecologistas en Acción «se equivoca del todo», ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha es el «más transparente y más democrático del territorio nacional» y «colabora con todas las organizaciones y con todos los estamentos habidos y por haber para llevar a efecto nuestras normativas».
Por otro lado, ha destacado que, en el caso de que la sentencia finalmente fuese «firme» y, por lo tanto, dejase sin efecto el actual el reglamento de caza, «evidentemente entraría en vigor el viejo reglamento».
«Por lo tanto, estamos en disposición de publicar un nuevo reglamento de caza en un tiempo relativamente rápido, o bien modificar el Reglamento en caso de que se anule el actual», ha declarado.
Así, ha insistido en que, ante todo, «tranquilidad y seguridad jurídica para la actividad energética en nuestra comunidad autónoma».