Agustín Yanel
A la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, no le ha gustado que los líderes de CCOO y UGT en esa comunidad hayan criticado y llamado «caradura» al presidente, Carlos Mazón, por su nefasta actuación el día de la dana y después. Y como no le ha gustado, porque dice que son insultos, ha dejado caer la advertencia/amenaza de que podrían perder las subvenciones que reciben. Con este lamentable y antidemocrático ataque a la libertad de expresión, ¿acaso pretende blindar a su jefe político de las críticas?
El pasado fin de semana, durante su intervención en el congreso de los socialistas valencianos, el secretario general de UGT en esa comunidad, Ismael Sáez, dijo que Carlos Mazón es «un caradura, un personaje sin dignidad que minusvaloró los riesgos de la amenaza del cambio climático y la alerta roja tanto tiempo anunciada». «Es evidente que no estaba donde tenía que estar», subrayó.
En ese mismo congreso, la secretaria general de CCOO, Ana García Alcolea, afirmó que las políticas del Gobierno que preside Mazón llevan a «una involución democrática que hay que superar», criticó que hayan eliminado la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) y añadió que, por la «no gestión de la dana», el presidente valenciano debería dimitir.
¿Recibir subvenciones a cambio de no criticar al presidente?
En respuesta a esas críticas, la vicepresidenta Susana Camarero recordó que los sindicatos reciben una subvención 2,5 millones de euros del Gobierno valenciano y dijo que esa ayuda es «absolutamente incompatible con estos insultos». «Parece que algunos quieren dinamitar los puentes de diálogo social por hacer polítia», añadió, refiriéndose a esos dos dirigentes sindicales.
Lo que dijeron esos dos sindicalistas son críticas con las que se puede coincidir o no, pero no son insultos ni nada duras si se comparan con las que Mazón ha recibido, desde el día de la dana, por parte de decenas de miles de personas en varias manifestaciones y por organizaciones y colectivos ciudadanos de lo más diverso. Pero la vicepresidenta primera, que también es portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, las considera insultos. Y por ello, sin ruborizarse, con sus declaraciones atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la crítica de esos responsables de sindicatos.
Los sindicatos, colaboradores del Gobierno para el desarrollo
Susana Camarero, licenciada en Derecho y diputada del PP en el Congreso durante 15 años, sabe que la Constitución, en su artículo 131, atribuye a los sindicatos y a las organizaciones empresariales la función de asesorar y colaborar con el Gobierno en la planificación de «la actividad económica general para atender a las necesidades colectiva, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución».
Además, los sindicatos tienen otras competencias que les atribuye la ley: negociar convenios colectivos y expedientes de regulación de empleo, desarrollar planes de formación y otras tareas. Y para eso necesitan unos medios humanos y materiales que tienen un coste. Las subvenciones que reciben de los Presupuestos Generales del Estados y de los gobiernos autonómicos son una ayuda para que puedan llevar a cabo su actividad sindical. Y si hay quien los utilice mal o coenta un delito con ellas, que se investigue y se les imponga la sanción o la pena que corresponda.
Lanzar advertencias como ha hecho Susana Camarero, para evitar críticas a un cargo público, es inaceptable en democracia. Tras sus lamentables declaraciones contra esos dirigentes sindicales, la ciudadanía valenciana debería exigir a partir de ahora dos dimisiones: la de Mazón y la de su vicepresidenta primera.