Amnistía Internacional ha mostrado su «preocupación» por el juicio a los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que serán juzgados el lunes día 10 por los delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos relacionados con una acción de protesta en diciembre de 2017, y ha señalado que «criminaliza» el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y que no debería de haberse producido.
Que retiren los cargos
Amnistía Internacional ha instado a la fiscalía a que desista de la acusación por delito de resistencia y desobediencia grave contra los ocho acusados y también se ha dirigido a la entidad financiera para que retire la acusación por coacciones, resistencia y ocupación por considerar que estos cargos son «una restricción excesiva y desproporcionada» en el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica de las activistas.
La organización recuerda que el delito de coacciones exige que, a través de la violencia o la intimidación, se afecte a la libertad de actuación de una persona, pero a ninguno de los ocho activistas se les atribuye acciones violentas o intimidatorias.
Sobre el delito de resistencia a la autoridad, ha explicado que requiere un umbral mínimo de gravedad pero la actuación de diciembre de 2017 fue pacífica como han confirmado los agentes de la Guardia Civil en sus declaraciones en la fase de instrucción, ha agregado el comunicado.
Con respecto al delito de ocupación de sedes jurídicas, Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación ante su incorporación al Código Penal en 2015 y por el hecho de que no fuese eliminado con la reforma de diciembre de 2022 y ha explicado que este delito permite sancionar hechos realizados sin violencia y sin intimidación si se produce «una perturbación relevante de la actividad normal» de la entidad.
Ha recordado la organización que ya en 2015 alertó del impacto que el endurecimiento y la ampliación de los delitos contra el orden público podría conllevar limitaciones adicionales indebidas en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
En concreto, en su informe “Derecho a la protesta en España: Siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España” documentó el caso de estos ocho activistas de la PAH de Guadalajara como ejemplo una legislación que no cumplen con los estándares internacionales de libertad de reunión pacífica o de expresión.
Cartel concentración 8 de Caixabank