La Fiscalía provincial de Guadalajara, tras la denuncia interpuesta por varios interinos que no fueron readmitidos, ha incoado diligencias de investigación criminal contra la Junta de Comunidades de CLM, por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y falsedad documental, según STAS-CLM Intersindical.
Los hechos se remontan a enero de 2015 cuando el Gobierno de Cospedal decidió hacer caso omiso a la sentencia del TSJ que declaraba «nulas de pleno derecho las Órdenes de 2012, y obligaba a reponer a los funcionarios afectados por motivo de las disposiciones anuladas en los puestos de trabajo que venían ocupando», informan en nota de prensa desde el sindicato. Aún así el gobierno regional «decidió no readmitir a 73 de los 400 interinos afectados realizando un cese en diferido, algo que está estudiando la fiscalía al considerar que si se amortizó la plaza en 2012 no sería posible que saliera en el concurso de traslados de 2013, hechos en los que se basan los interinos afectados».
La Fiscalía ha citado a las partes el próximo día 25 de mayo para tomarles declaración. Por parte de la Junta de Comunidades asistirá la Coordinadora Provincial de los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, María del Carmen González Molina, al ser quien firmó la resolución del cese en diferido, aunque muy probablemente las responsabilidades caerán directamente sobre el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, y en el propio consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, al ser los máximos responsables de esta decisión. A la vez que se abre está vía, el reingreso de los interinos se encuentra pendiente de la resolución del incidente de ejecución que los sindicatos STAS-CLM y UGT interpusieron en el TSJ, sobre este asunto.