El Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una medida que beneficiará a «todas» las regiones del régimen común, ha subrayado este lunes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En rueda de prensa, Montero ha señalado que esta medida, que permitirá aliviar los pasivos regionales y facilitar su acceso a los mercados, se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo miércoles.
La medida va a «beneficiar a todas las comunidades autónomas», ha insistido, «tengan o no tengan deuda con el Estado», lo que implica que el Estado asumirá en ciertos casos deuda regional con terceros. «No se penaliza a las comunidades autónomas que pudieron y quisieron salir a los mercados», ha resumido.
A Cataluña se le condonará el 22%
La vicepresidenta ha recordado que esta iniciativa tiene origen en el acuerdo de investidura suscrito con ERC, que esta mañana ha avanzado que se condonará el 22 % de la deuda de la Generalitat catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros.
#EnDirecto | María Jesús Montero, sobre la condonación de la deuda a comunidades autónomas: «Evidentemente esto es voluntario. Si alguien no quiere que se le condone su deuda que no se preocupe. Es difícil de explicar, desde luego» pic.twitter.com/yQxIaCnxWT
— Europa Press (@europapress) February 24, 2025
La metodología que se empleará en la condonación
Hacienda también ha remitido a las comunidades autónomas información sobre la metodología con la que se ha calculado esta condonación y que es «objetiva y transparente», por lo que ha confiado en que hagan «un análisis serio y riguroso» y acudan al Consejo «con afán constructivo».
Esta metodología consiste en tres fases, ha explicado Montero, partiendo de una primera en la que se calcula el sobreendeudamiento asumido por las regiones entre 2009 y 2013, que se cifra en 80.310 millones de euros. El 75 % de ese importe se reparte en función de la población ajustada, lo que se traduce en una condonación media del 19 %.
En la segunda fase se fija una condonación adicional para las regiones que quedan por debajo de ese 19 %.
En la tercera se hacen dos ajustes adicionales: uno para elevar la condonación de las regiones por debajo de la media a la cifra de la región con mayor condonación por habitante ajustado (Comunidad Valenciana, 2.284 euros) y otro para ofrecer condonación adicional a las comunidades que han subido el IRPF entre 2010 y 2022 (un 10 % para las que lo hayan subido por encima de la media un 5 % para las que no).
«Pretendemos corregir el castigo de Mariano Rajoy»
Montero ha defendido que esta propuesta está «en coherencia» con la hoja de ruta del Gobierno con las comunidades autónomas, que han visto reforzada su financiación y a las que ahora se va a compensar por el sobreendeudamiento al que se vieron obligadas durante la crisis financiera, lo que se va a traducir en menos carga de intereses y «más autonomía financiera».
«Pretendemos corregir el castigo de Mariano Rajoy a las comunidades autónomas», ha insistido Montero, que ha dejado claro que la condonación «es voluntaria» y que no tendrán que hacerlo las autonomías que no quieran sumarse «por lo que sea, que tendrán que explicar».
Montero confía en que antes de final de año pueda entrar en vigor la ley orgánica que regulará la condonación de deuda autonómica, aunque previamente la propuesta del Ministerio de Hacienda tendrá que ser aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Después habrá reuniones bilaterales técnicas con cada comunidad autónoma previas a la aprobación de la ley orgánica en primera vuelta en el Consejo de Ministros y en segunda vuelta tras el trámite consultivo preceptivo.
El Gobierno remitirá entonces el texto al Congreso «y, a partir de ahí, deciden los grupos políticos», ha dicho Montero.
Una vez en vigor la ley, la cancelación de la deuda se irá acompasando a cada uno de los vencimientos (principal e intereses), con lo que Hacienda prevé que el proceso dure cerca de una década, que es el plazo máximo de vencimiento actual en el FLA.