Los sindicatos representados en la Junta de Personal Funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha han pedido este miércoles que el Gobierno regional recapacite y pare la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, ahora que va a haber una condonación de la deuda de casi 5.000 millones de euros.
Representantes de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y STAS se han concentrado ante las delegaciones provinciales de la Junta de Comunidades y ante la sede de la Vicepresidencia del Gobierno regional, para reclamar que se negocie con los representantes sindicales la futura ley, ya que consideran que lo que plantea es una privatización encubierta de servicios.
Representantes de la Junta de Personal Funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha concentrados en Toledo. Foto: Rebeca Arango.
Entidades público-privadas
Los concentrados ante la Vicepresidencia del Gobierno han recordado que el anteproyecto de la ley contiene en el título cuatro el reconocimiento de unas entidades público-privadas que se van a encargar de hacer los trámites administrativos, previo pago de una tasa por el usuario, en teoría para simplificar los trámites y para que los usuarios puedan hacer los trámites lo antes posible.
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En las concentraciones, han recordado que el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que si no se aprobaba el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado quizás sería necesario echar a 2.500 funcionarios porque harían falta 100 millones de euros para mantenerlos, pero ahora la comunidad autónoma va a disponer de dinero si se le condonan 4.927 millones de euros de deuda, como se ha anunciado.
En este sentido, el presidente de la Junta de Personal Funcionario de Toledo, Gustavo Fabra, del sindicato STAS, ha dicho que si el problema era que no había dinero para contratar funcionarios para justificar la aprobación de esta ley, lo que provocaba la acumulación de expedientes por la falta de personal, ahora es una buena oportunidad para que se contraten porque la Administración autonómica tendrá al menos los 100 millones que reclamaba.
Los funcionarios creen que ya no hay motivos económicos que justifiquen la ley de simplificación. Foto: Rebeca Arango.
«Se acumulan los expedientes»
Al respecto, los representantes sindicales han mantenido que el problema está en las delegaciones provinciales, donde se acumulan los expedientes que obstaculizan el acceso a la Administración de la ciudadanía, es que falta personal.
Por ello, han pedido que se contraten personas que resuelvan estos expedientes y se verá que la tramitación «se reduce a la mitad de la mitad de la mitad», ha aseverado Fabra, que ha considerado: «Lo que pasa es que están generando una situación de colapso en las delegaciones para precisamente luego justificar que venga aquí la empresa privada a resolver las papeletas».
«Qué contraten a 2.500 trabajadores públicos y ya verían como los simplificación administrativa se reduciría en seis meses», han mantenido los sindicalistas, que han insistido en su consideración de que es un momento adecuado para que el Gobierno regional recapacite y hable con los sindicatos para cambiar la ley.
CCOO Albacete
Por su parte, la secretaria general de CCOO Albacete, Carmen Juste, ha indicado: «No estamos pidiendo que se retire la Ley porque creemos que obedece a una demanda de los ciudadanos y las ciudadanas. Lo que estamos pidiendo es que se retire el título cuarto, el que habla de las entidades colaboradoras, por entender que se invaden las funciones del personal funcionario y laboral. La ley señala que las funciones propias del personal funcionario están encaminadas a garantizar el ejercicio de las potestades públicas y los intereses generales y esto solo se consigue si la prestación del servicio se hace con personal funcionario que es el que garantiza la imparcialidad”.
En el manifiesto, la Junta de Personal expresa su preocupación porque a las entidades colaboradora se les atribuya funciones de comprobación, inspección y certificación en determinados procedimientos y áreas como servicios sociales, sanidad, urbanismo, gestión forestal, calidad ambiental, economía circular, actividad cinegética, patrimonio cultural, promoción empresarial, trabajo, empleo, formación profesional y turismo.
A este respecto Carmen Juste ha indicado que «esto supone duplicar el trabajo y además un coste añadido para la ciudadanía, poniendo el acento además en el riesgo que tiene para materias especialmente sensibles como son los servicios sociales, que deben ser prestados y atendidos por personal de las Administraciones Públicas».
La presencia de CCOO Albacete en la manifestación.