Ágora Feminista de Albacete y Amnistía Internacional Castilla-La Mancha se han vuelto a dirigir por carta a las Consejerías de Sanidad e Igualdad solicitando información y reclamando medidas para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las mejores condiciones de proximidad al domicilio de las usuarias de la sanidad pública.
En nota de prensa, sendas organizaciones, indican que en Castilla-La Mancha tan solo hay dos centros sanitarios, ambos privados, donde las mujeres, niñas y personas gestantes de la región pueden ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a través del Sistema Nacional de Salud, además de existir un convenio entre la Junta de Comunidades y otro centro de la Comunidad de Madrid.
Secundan las movilizaciones
Junto a más de 25 organizaciones feministas, sociales y sindicales de la región, ambas entidades ya escribieron a ambas consejerías en abril de 2024 y, ante la falta de respuesta, se movilizaron el pasado 3 de octubre en las cinco capitales de provincia, exigiendo que se eliminen los obstáculos que siguen dificultando el acceso a un aborto legal y seguro en Castilla-La Mancha.
En el mes de noviembre trasladaron una petición de información a través de Portal de Transparencia al amparo de la ley 4/2016 de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. Denuncian que con el plazo establecido sobradamente cumplido, no se ha recibido respuesta a esta consulta.
Además de medidas para poder ejercer el derecho al aborto dentro de la Sanidad Pública sin que las mujeres, niñas y personas gestantes tengan que recorrer largas distancias, todos estos colectivos piden medidas para poner fin a las situaciones de acoso que sufren cuando acuden a las clínicas autorizadas a solicitar información o a interrumpir voluntariamente su embarazo.
«Grupos organizados antielección siguen coaccionando a las mujeres con fotografías de fetos y proclamas contra el aborto a las puertas de los centros, con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión mediante la intimidación y el hostigamiento», denuncian.
«Los estados tienen la obligación de combatir la desinformación sobre el aborto y de abordar el estigma asociado al aborto, que son barreras clave que impiden el acceso oportuno de las personas embarazadas a atención de la salud sin riesgos y de calidad. En España, el código penal condena el acoso a las mujeres que acuden a clínicas por este motivo, obstaculizando el ejercicio de derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», recuerdan.
Por ello, Ágora Feminista y Amnistía Internacional, con el apoyo del resto de organizaciones, han reclamado al Gobierno regional información sobre el funcionamiento del Comité Clínico que ha de ratificar que se da un motivo médico para la interrupción del embarazo cuando este se solicita después de la semana 22, así como datos de cuántas peticiones fueron resueltas favorablemente y denegadas en los últimos años.
Asimismo, solicitan a la Consejería de Sanidad que elabore y haga público un protocolo accesible que facilite información sobre la interrupción voluntaria de embarazo, las diferentes formas de realizarla y el acceso a los centros.
Considera «positivo» el decreto del registro
En cuanto a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del decreto del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para interrupciones voluntarias del embarazo, Ágora Feminista de Albacete y Amnistía Internacional Castilla-La Mancha consideran que es positivo.
Se cumple así con la ley del aborto de 2023, que en su artículo 19 establece que «a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación», las comunidades crearán un registro de profesionales sanitarios que decidan objetar por motivos de conciencia y que quienes se declaren objetores al aborto lo serán tanto en la sanidad pública como en la privada.
Amnistía Internacional y Ágora Feminista recuerdan que, sin menoscabo del derecho individual de cada profesional sanitario a declararse objetor, la ley establece claramente que «el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia.
A estos efectos, los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo».