El Gobierno quiere impedir por ley que se pueda ver la imagen de una persona en el momento en que es detenida, lo que perjudica un derecho de la ciudadanía.
Si estuviera ya en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que quieren llevar a cabo el Gobierno y el PP, la ciudadanía no habría podido ver al ex vicepresidente del Gobierno con Aznar, ex aspirante a presidente, ex director general del FMI, ex director de Bankia y ex casi todo Rodrigo Rato en el momento en que era detenido, el pasado 16 de abril, por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
El Gobierno dice que lo hace para proteger la intimidad de las personas que son detenidas, pero este argumento es solo una mala excusa porque la legislación española ya protege y garantiza convenientemente los derechos de los detenidos: las leyes vigentes establecen que la detención de una persona debe realizarse de la manera «que menos perjudique al detenido». Y para los casos en que esos derechos son vulnerados están los jueces y tribunales, que deben imponer la condena que corresponda.
El Congreso de los Diputados está tramitando una reforma de la citada ley y, de repente y sin haber hablado nunca antes de ello, el PP ha introducido esta polémica enmienda, que ha contado solo con el apoyo de CIU. Según ese añadido al texto, en las detenciones se deberán adoptar «las medidas necesarias» para asegurar que se respetan los derechos constitucionales al honor, intimidad y la propia imagen de una persona en el momento en que es detenida y en los traslados posteriores por parte de los agentes.
NO CONCRETA LAS MEDIDAS
¿Qué medidas se adoptarán? No se concretan en el texto, sino que las deberán adoptar los agentes que practican las detenciones. Pero es que éstos ya adoptan esas medidas, porque lo dice la ley -repetición: practicar la detención de la manera «que menos perjudique al detenido»- y porque para eso son profesionales, si no quieren correr el riesgo a tener que enfrentarse al castigo de la Justicia.
No hay que darle más vueltas: esta enmienda, caso de que finalmente llegue a ser aprobada por las Cortes en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, no va a proteger más unos derechos de los detenidos que ya están protegidos sino que, en la práctica, será una manera de hurtar a la ciudadanía información de interés.
El Tribunal Constitucional lo ha dicho claramente en numerosísimas sentencias: cuando existe una colisión entre el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información de interés y el derecho constitucional de una persona a su honor, intimidad e imagen, prevalece el primero siempre que se trate de hechos que estén contrastados y que sean de interés general. Está claro que la detención de Rato y su entrada en un coche de policía es de interés general, ¿no?
SUMA Y SIGUE
Esta decisión del Gobierno y el PP ha sido criticada y rechazada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), UGT, Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos y otros colectivos profesionales. También deberían rechazarla las diversas asociaciones y colectivos ciudadanos, porque con esta medida se limita un derecho constitucional que es suyo, el derecho a la información, además de perjudicar a los periodistas y fotógrafos en su trabajo.
Lo peor de todo es que esta repentina y polémica propuesta del PP viene a sumarse a otras medidas aprobadas por el Gobierno que perjudican al derecho a la información y comunicación de la ciudadanía y a los periodistas. La más rechazada y criticada por la oposición y la ciudadanía -aunque a Mariano Rajoy y su partido les da igual y no han hecho ni caso- ha sido la innecesaria reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que prohíbe difundir imágenes de policías interviniendo en protestas en la calle, aunque se estén extralimitando en sus funciones.
¿No han aprendido nada del mensaje que les ha enviado la ciudadanía en las elecciones del pasado 24 de mayo, en las que el PP ha sido el partido más votado pero ha perdido dos millones y medio de votos? Pues deberían tomar nota, porque dentro de pocos meses habrá elecciones generales.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Cuatro de cada diez hogares de Castilla-La Mancha están en riesgo de pobreza o exclusión social; el 14,2% de la población, el doble que hace cuatro años, no enciende la calefacción ni utiliza la energía eléctrica como correspondería porque no tiene dinero para pagarla; la renta media anual ha disminuido y es de las más bajas de España… Lo ha dicho el presidente de Cáritas en esta región, Silvestre Valero, según un estudio realizado con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estos datos deberían ser un aldabonazo para el Gobierno en funciones de María Dolores de Cospedal, que tanto ha presumido de mejoras que en más de una ocasión no coinciden con la realidad; para el socialista Emiliano García-Page, que aspira a sustituirla, y para los demás partidos. El día que salgan de una reunión de las que están celebrando en busca de pactos de gobernabilidad diciendo que han puestos estos datos sobre la mesa se habrán anotado unos cuantos puntos a su favor.