Hay 85 detenidos en toda España y se estima que se han defraudado 800.000 euros a la Seguridad Social. Las pesquisas de la Policía para desmantelar al grupo responsable se han llevado a cabo en 16 provincias, entre ellas Guadalajara.
La Policía Nacional ha detenido a 85 personas en una operación desarrollada en 16 provincias y en la que se ha descubierto un fraude de casi 800.000 euros a las arcas públicas a través de empresas ficticias que ofrecían falsos contratos de trabajo.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras de Pamplona y de Logroño, con la colaboración de las de Alicante, Castellón, Murcia, Lleida, Zaragoza, Granada, San Sebastián, Guadalajara, Tarragona, Almería, Algeciras, León, Huesca y Girona.
Según informa la Dirección General del Cuerpo, la organización, que operaba desde septiembre del año pasado, estaba formada por miembros de una misma familia de origen marroquí, a los que los supuestos trabajadores pagaban entre 1.200 y 1.700 euros por la compra de un contrato y unos 300 euros por cada uno de los meses que permanecieron dados de alta en la Seguridad Social.
El objetivo era que personas extranjeras pudieran solicitar autorización para residir en España u obtener subsidios y ayudas sociales por desempleo.
Los investigadores llevaron a cabo un seguimiento exhaustivo de las operaciones que realizaban siete empresas, que habrían dado de alta en la Seguridad Social de forma indebida a trabajadores extranjeros.
Con ello, se regularizaba su situación administrativa en España o se permitía que obtuvieran ilegalmente diversas prestaciones sociales. Todo ello sin que se realizase actividad laboral real alguna por parte de las personas contratadas en dichas empresas.
Tal y como han calculado los investigadores, desde septiembre el año pasado la organización habría defraudado casi 800.000 euros a la Seguridad Social.
Las pesquisas se iniciaron tras un informe de la Inspección de Trabajo en el que se constataba que las supuestas empresas habrían generado una deuda a la Seguridad Social de 242.726,73 euros, a lo que había que añadir las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los supuestos trabajadores tras cesar su actividad con la empresa, que ascenderían a 537.905,52 euros.
Al parecer, los falsos empresarios crearon dos sociedades, una dedicada a la limpieza y otra a la recogida de residuos sólidos no peligrosos, en las que dieron de alta a un número importante de trabajadores.