Las alarmas saltaron con el ataque sufrido por un funcionario judicial de Palma de Mallorca apaleado por una veintena de personas después de haber notificado un desahucio. Aunque acciones tan brutales no se dan todos los días, sí es cierto que estos empleados públicos conviven a diario con los insultos y las amenazas. Los de Castilla-La Mancha no son ajenos a esta realidad ni tampoco a agresiones que llegan a las manos.
Juan José Martín, responsable del sector Justicia de CSIF Toledo, explicaba a Encastillalamancha.es que el caso más grave de los últimos años en la región se produjo recientemente en Méntrida (Toledo) cuando dos funcionarias que se encontraban en las dependencias de la agrupación de juzgados de paz fueron atacadas violentamente, siendo necesario que a una de ellas le diesen puntos tras recibir el golpe de un objeto contundente en la cabeza. Incluso, los denunciados las retuvieron en el lugar hasta que se personaron los agentes de la Policía Local.
Desde el sindicato exigen más medidas de protección para estos trabajadores, sobre todo para aquellos que desempeñan su labor en estas agrupaciones -localizadas en pequeños pueblos y en ocasiones ubicadas a las afueras del municipio, como en Méntrida- y para los que acuden a embargos o desahucios. Martín añade que entre los primeros se ha llegado a la situación de tener que atender al público a través de mamparas.
Hoy por hoy las víctimas de las agresiones verbales «no suelen denunciar» porque «tendrían que estar poniendo denuncias prácticamente todos los días». Es tan habitual que el responsable de Justicia del CSIF afirma que «es algo que va en el sueldo».
En la provincia de Toledo la administración de Justicia cuenta con 500 funcionarios, un número «insuficiente» para toda la carga de trabajo que entra en los juzgados. El déficit de personal y la sobrecarga laboral contribuye a que los ciudadanos se exasperen y se produzcan momentos de tensión que en los últimos años han ido en aumento.
En términos generales, para el sindicato es necesaria una campaña informativa, medidas de protección y formación adecuada para tratar situaciones conflictivas además de medios de apoyo para las víctimas de estas agresiones que dejan secuelas físicas y psicológicas.
Desde CSIF apuntan que en España se produce una agresión al día a un empleado público y que este número no es mayor porque los funcionarios no suelen denunciarlo, por lo que hace un llamamiento para que lleven estos incidentes a los tribunales.