El pasado mes de febrero, el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Morcillo, denunciaba que la Junta y la Confederación Hidrográfica del Segura estaban cometiendo una «injusticia» con los regantes del Alto Segura y favoreciendo un «pelotazo para regadío especulativo» en Hellín (Albacete). Ahora, tras la publicación del decreto que permite esta «injusticia» dan a conocer las empresas que se van a favorecer de la misma y piden al nuevo Gobierno que derogue la norma.
«Han ninguneado a 353 regantes de La Horca-Minateda y Agramón, en Hellín (Albacete)». «Un Gobierno en funciones no puede aprobar un decreto de estas características». «No hay un regadío social». «Estas hectáreas están a nombre de grandes empresas mercantiles»… En definitiva, «es una barbaridad».
Así lo manifestaba el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Morcillo, al valorar la declaración por vía decreto de interés regional de la comunidad autónoma la transformación en regadío de 862 hectáreas en Hellín (Albacete). Además, la polémica aumentó al ponerse de manifiesto que una parte de esos terrenos pertenecen a la diputada del PP, Maravillas Falcón, y su familia.
Esto supone que, según UPA, los 2,45 hectómetros cúbicos de agua que la Confederación Hidrográfica del Segura tiene que adjudicar en compensación por las filtraciones del túnel del Talave-Cenajo se destinen a particulares dueños de tierra de secano en la zona de Cancarix, 862 hectáreas.
En rueda de prensa, Morcillo ha enumerado las empresas que tienen el 95 por 100 de esas tierras: Agrícola Concarix S.L., con 81,9 hectáreas; Miguel Falcón/Naturtec S.L., 4,9 hectáreas, Cancarix S.A., 40,9 hectáreas; Hermanos Falcón, 72,4 hectáreas; Ildefonso Tomás Ortuño, 27,1 hectáreas; Inversiones Island Grosa S.L., 144,1 hectáreas; Río Mundo S.A., 253,4; Residencial Las Flechas S.L., 105,2; Vegadonceles S.L., 12,2 hectáreas; y Agroceperos S.A., 80,1 hectáreas.
«INJUSTAMENTE TRATADOS»
En su opinión, los regantes históricos han sido «injustamente tratados» y denuncian que «se ha intentado hacer esta adjudicación sin casi publicidad, además de tratarse de una SAT (Sociedad Agraria de Transformación) sin ente jurídico y que no cumplía las condiciones de la concesión».
Morcillo recuerda que para adjudicar estos nuevos derechos estarían, por delante de esta SAT, los regadíos históricos o el regadío social; al tiempo que han pedido al nuevo Gobierno que derogue este decreto y lo saque a concurso.
Pese a las críticas, desde el Ayuntamiento de la localidad se destacó en su día que se había trabajado por los regantes y que no había nada irregular.