La diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha avanzado hoy que el nuevo Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page cambiará la Lomce si finalmente no consiguen paralizarla para «minimizar» los efectos «tan negativos» que supone para el sistema educativo.
En rueda de prensa, Fernández ha apuntado que, aunque hay «muy poco margen de tiempo», el nuevo Ejecutivo regional estudiará «las posibilidades legales» que tiene la comunidad autónoma para cambiar la ley de cara al próximo curso escolar.
Entre otros cambios, la diputada socialista ha apuntado que estudiarán la fórmula para incorporar como contenido ‘Educación para la Ciudadanía’, una materia que «queda auténticamente excluida» actualmente.
Además, estudiarán con qué «margen legal» cuentan para «eliminar reválidas y pruebas externas», ya que suponen, a su juicio, «ineficacia y desprecio absoluto al profesorado».
Para realizar estos cambios, ha señalado, «lo primero» que harán será reunirse con la comunidad educativa y realizar un «estudio legal de urgencia para ver cómo adaptar estos currículos a la realidad social de Castilla-La Mancha».
Ha explicado que, en las asignaturas troncales, la comunidad autónoma puede «complementar contenidos o mejorar criterios de evaluación», mientras que en las de libre configuración puede incorporarse material diseñado por la comunidad.
No obstante, Fernández ha señalado que desde Castilla-La Mancha forzarán la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Educación para pedir la paralización de la Lomce o «una moratoria de un año» que garantice seguridad jurídica.
En este sentido, ha criticado que el actual Gobierno de María Dolores de Cospedal haya aprobado «in extremis» los nuevos currículos, algo que ha tachado de «un acto de mala fe».
A su juicio, el Ejecutivo del PP «quiere condicionar el Gobierno de García-Page en materia educativa y en otras materias porque no ha sabido perder».
«EL GOBIERNO DE COSPEDAL SE ESTÁ GASTANDO EL DINERO A MANOS LLENAS»
En este sentido, ha denunciado que, desde las elecciones del 24 de mayo, el Gobierno «se está gastando el dinero a manos llenas» y ha adjudicado contratos «por 230 millones».
«Son 230 millones los que en doce o trece días han decidido gastarse intentando condicionar la acción de gobierno futuro», ha criticado la parlamentaria socialista, quien también ha denunciado que el Gobierno del PP ha «colocado a sus directores de confianza en centros escolares».