Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe, «Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España», donde denuncia como cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.
En Castilla-La Mancha, según los últimos datos del Poder Judicial, en el año 2014 hubo 4.073 ejecuciones hipotecarias y se llevaron a cabo un total de 1.194 lanzamientos.
A ello se suma que, según el informe del Defensor del Pueblo del 203, en la región castellanomanchega hay 2.615 viviendas protegidas vacías, de las que 2.394 son de nueva construcción de promoción privada y 221 de promoción pública.
Ante esta situación, desde Amnistía Internacional han realizado una serie de peticiones a los gobiernos. Al nacional le pide «abstenerse de ejecutar desalojos hipotecarios de viviendas principales, mientras se adoptan garantías de protección de derechos humanos». Además piden, entre otras cuestiones, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces puedan evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo caso por caso.
A los gobiernos autonómicos piden, entre otras cuestiones, elaborar un censo actualizado de viviendas vacías de propiedad privada y adoptar medidas para realizar un uso más intensivo de las mismas.