CCOO ha pedido al próximo Gobierno de Castilla-La Mancha que sea «muy exigente» para que se cumpla la ley de salud laboral teniendo en cuenta que solo en el primer trimestre de 2015 han fallecido siete trabajadores y se han contabilizado 4.702 accidentes laborales, incluyendo muertos y heridos leves y graves.
Así lo ha indicado el secretario general de CCOO en la región, José Luis Gil, que ha presentado junto a la responsable de Salud Laboral, Raquel Payo, una guía de cuestiones básicas en salud laboral dirigida a delegados sindicales y, en general, a todos los trabajadores.
Gil ha indicado que la primera medida que debería adoptar el próximo nuevo Gobierno autonómico debe ser no subvencionar ni permitir que concurran a concursos públicos las empresas que incumplan la ley de salud laboral.
Ha dicho que los siete fallecidos en Castilla-La Mancha en el primer trimestre de 2015 -según los últimos datos oficiales- suponen «una cifra durísima» y muy superior a los cinco muertos que hubo en 2014 y que ya evidenciaba «un repunte» en la siniestralidad laboral.
En su opinión, la sociedad debe ser consciente del «drama humano» que hay detrás de cada accidente laboral y ha indicado que son situaciones «tremendamente injustas» que, además, son evitables: «lo más grave es que se puede evitar, solo es cosa de dinero», ha apuntado.
Según los datos aportados en la rueda de prensa, en el primer trimestre de 2015 ha habido 4.702 accidentes laborales en Castilla-La Mancha que se han saldado con siete fallecidos, 27 heridos graves y 4.668 leves.
Gil ha subrayado que los responsables de los accidentes laborales, no solo éticamente sino porque lo contempla la ley, son los empresarios, y ha indicado a la vista del número de accidentes laborales no están cumpliendo esta obligación «diligentemente».
Ha dejado claro que no cumplir la ley y «omitir» medidas adecuadas de seguridad laboral son decisiones tomadas «conscientemente» por el empresario, ante lo cual los poderes públicos deben actuar y tanto la Inspección de Trabajo como la Fiscalía intervenir.
El sindicato demanda que la Fiscalía persiga, incluso penalmente, a los empresarios que incumplen la ley de salud laboral y ha exigido un «papel activo» a los gobiernos.
El secretario regional de CCOO ha criticado que el Gobierno en funciones del PP «se lo cargó todo», también las medidas de prevención de riesgos laborales, y ha agregado que ahora «se abre un tiempo nuevo» y el Gobierno próximo tiene que dar a esta materia la importancia que tiene y respaldarlo con presupuesto.
En este sentido, se ha mostrado «convencido» de que lo hará, pero de antemano le ha pedido que sea «muy exigente» y que el primer día de gobierno tome la decisión de no dar «ni una sola subvención pública» a empresas que incumplan la ley salud laboral e impedirlas concurrir a concursos públicos.
En cuanto a la guía presentada hoy, que también está online en la web del sindicato, ha sido elaborada por el Gabinete regional de Salud Laboral de CCOO y se articula en cinco apartados: órganos de participación en las empresas para cumplir la salud laboral, la planificación preventiva, la cobertura de contingencias profesionales y comunes, la vigilancia de la salud -que no solamente se ciñe a los reconocimientos médicos- y formularios.
Raquel Payo ha señalado que en 2014 el sindicato formó a casi 1.700 delegados en Castilla-La Mancha y asesoró a unos 2.000 trabajadores, y ha indicado que la guía es «una herramienta fundamental» para mejorar el trabajo diario de los delegados y, como último objetivo, contribuir al descenso de la siniestralidad.
GIL PIDE «RESPETO» PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Por otro lado, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno que «respete» a los empleados públicos en la polémica abierta por la recuperación de la paga extra suspendida en 2012, y ha lamentado que «ya se ha jugado bastante» con ellos.
A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Gil ha indicado que «después de los disparates que se han hecho, de tomarlos como rehenes para cuadrar las cuentas, no es sensato que en época preelectoral» se anuncien medidas contradictorias con muy pocas horas de diferencia.
En este sentido, ha pedido «seriedad» a la hora de abordar este asunto que ha considerado «muy serio».
«Si realmente el Gobierno tiene mala conciencia, que debe tenerla porque lo que ha hecho es una barbaridad, debe convocar a los sindicatos más representativos y acordar esa restitución de derechos y también económica para los empleados públicos, ha manifestado.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dijo ayer que los funcionarios podrán recuperar la paga extra suspendida en 2012 pero no de forma inmediata sino «a medida que haya margen presupuestario» para hacerlo.