Representantes de los trabajadores de la termoeléctrica ELCOGAS se reunieron hoy con el director general para la Energía de la CE, Dominique Ristori, para pedirle que medie con el Gobierno español ante el cierre de la planta de Puertollano (Ciudad Real) y su proyecto pionero en energías renovables.
El presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, y el secretario de Política Industrial del sindicato, Jesús Crespo, calificaron el encuentro como «muy positivo».
En esa reunión también participó la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López, quien se refirió a la situación de esa planta en Puertollano, «que se encuentra amenazada de cierre poniendo en riesgo 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos en una zona con una tasa de paro del 34%», según un comunicado de esa formación.
La eurodiputada dijo que el director general para la Energía de la UE «tras escuchar las explicaciones de los representantes de los trabajadores, se ha comprometido a pedir información al ministerio de Industria sobre la situación de la planta de Elcogas, en Puertollano, y a transmitirnosla en cuanto reciba una contestación».
Según Alcaide, Ristori se interesó por el caso y les indicó que «contactaría con el ministerio de Industria para interesarse por cómo estaba la gestión de este problema en España».
«El 16 de junio del año pasado la empresa solicitó el desmantelamiento ordenado de una central», explicó a la prensa el secretario de Política Industrial y Formación de Comisiones Obreras-Industria en Ciudad Real, Jesús Crespo.
El sindicalista se refirió a que la adopción en 2012 de un nuevo decreto para las energías renovables dejó desprotegido el proyecto de I+D que desarrolla Elcogas, abriendo el camino del cierre de la planta de Puertollano.
Alcaide y Crespo explicaron que lo que buscan es «un marco adecuado donde pueda estar amparado y protegido este proyecto», con el que han logrado quemar carbón de forma limpia para producir electricidad sin contaminar en el proceso.
Asimismo insistieron en el potencial humano y de investigación de los 15 proyectos de I+D que tienen abiertos, entre los que figura la captura de CO2.
«Lo que no podemos hacer es perderlo y que se lo lleven o se exporte a otros países. Y que aquí en España lo terminemos y en Europa no se le dé salida», explicó Alcaide.
La última propuesta del Gobierno destina 30 millones de euros a Elcogas entre 2015 y 2018, una cantidad que según los sindicalistas no bastaría para cubrir las pérdidas de la empresa en el último año.
«Tenemos un sector pionero, un sector puntero, con alto valor añadido, con empleos de calidad, que consolida territorio y población en el territorio, y nos permitimos el lujo por 30 millones de perderlo», señaló la eurodiputada.
Si ese desmantelamiento se llegara a producir, los representantes del comité de empresa calculan que unos 1.200 empleos se verían afectados de forma directa e indirecta.
Entre los afectados estarían los trabajadores de la empresa principal y las auxiliares, los trabajadores de una mina cercana y los del complejo petroquímico que Repsol tiene en la zona.
Elcogas, que nació en 1992 y fue amparada por la UE como proyecto objetivo para la producción limpia de energía eléctrica, es la única planta de su tipo en Europa y a día de hoy ha exportado parte de su tecnología a empresas de similares características de todo el mundo.
Esta termoeléctrica está participada por las españolas Endesa e Iberdrola, Energías de Portugal, la italiana ENEL y la francesa EDF y ha recibido hasta 15 premios nacionales e internacionales.