La sección sindical de la Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO) de la UGT ha denunciado la «pasividad» con la que las administraciones públicas abordan el problema del juego ilegal.
Así lo ha subrayado el portavoz sindical, José Antonio Ortiz Catalán, durante una concentración de la Unión de Trabajadores de la ONCE en Toledo, donde ha demandado «que se cumpla la ley del juego», en la que «solamente Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE» cuentan con la «autorización del Gobierno».
«Es una competencia desleal que afecta a los 20.000 compañeros que están trabajando en la calle», ha recalcado Ortiz Catalán, quien ha añadido que a través de la venta de rifas ilegales se recaudan «60 millones de euros en todo el territorio», cantidad que los trabajadores de la ONCE «dejan de vender».
Desde UTO-UGT, denuncian que el juego ilegal «irrumpe en las calles, abusa de la imagen de la discapacidad, engaña a la ciudadanía con productos sin ningún tipo de seguridad y pone en riesgo la labor social de la ONCE».
A través de la campaña a nivel nacional «El juego ilegal NO es un juego» pretenden sensibilizar a los estamentos públicos, tanto centrales como autonómicos, de la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre el juego en la Ley 13/2011 de 27 de mayo, que establece las condiciones específicas que regulan este sector en todos los niveles.
En el conjunto del Estado español el número de organizaciones ilegales asciende a 22, con unos 3.600 vendedores y unas ventas anuales de 82 millones de euros, según datos de UTO-UGT.
José Antonio Ortiz Catalán ha señalado que la venta de rifas ilegales «afecta a unos 750 vendedores en la región», frente a los 305 que colaboran con dos asociaciones de venta ilegal, que «trabajan sin ser dados de alta en la Seguridad Social» y cuyas ventas totales estimadas en 2014 fueron de «unos 6.934.720 euros».