El desalojo de las 47 familias que viven en el asentamiento de «El Cavero», en Olías del Rey (Toledo), tendrá lugar mañana miércoles, en cumplimiento del auto dictado por el juez, y ante la negativa de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), como propietaria de los terrenos, al aplazamiento de la sentencia.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, quien ha «lamentado» la actitud «tan taxativa y negativa de la TGSS» de aplazar el lanzamiento dos meses, que era el tiempo pedido por Junta, Ayuntamiento de Olías, afectados y Podemos para intentar «encontrar una solución».
Nicolás, que ha dejado clara la postura de la Junta «en contra de este de desalojo en estas condiciones», ya que en ningún caso se está «en contra de cumplir la ley», ha destacado el empeño de la Consejería de Bienestar Social de ampliar un plan de actuación que pasaba por dotar con una partida de 49.000 euros al Ayuntamiento de Olías para «apoyo jurídico, económico y social» hasta final de año.
Tampoco ha obviado la voluntad del secretario general de Podemos, José García Molina, por encontrar viviendas para las 47 familias afectadas, que pueden representar a unas 160 personas, a través de cesiones de entidades bancarias y de los propios afectados que «estaban dispuestas a pagar el alquiler y no estar todas juntas».
«La Tesorería de la Seguridad Social ha dado la espalda y se ha lavado la manos», ha criticado el delegado de la Junta en Toledo. «No ha habido voluntad de la Tesorería, del Estado y de la propia Seguridad Social», ha ampliado, porque el resto de interlocutores han buscado numerosas fórmulas «para llegar a una solución que, finalmente, no se ha hecho realidad».
En este contexto, Nicolás ha dejado claro que «se necesitaba un acuerdo de todas las partes para que el juez paralizara el lanzamiento y la posición de la Dirección General de la Tesorería de no solicitar el aplazamiento ha impedido que se pudiera ganar tiempo», ya que, ha concretado, «ha justificado posibles responsabilidades en la que podría recaer».
Precisamente, el juez confirmó el cumplimiento del auto en un escrito emitido el lunes, rechazando así la petición de una prórroga de dos meses que había solicitado la abogada de los afectados, por la falta de acuerdo entre partes, «ejecutante y ejecutada», pues el TGSS «se ha cuidado mucho de dar su aprobación expresa o más velada» y reflejar que «se somete al criterio que finalmente se adopte por ese juzgado» y que «disponga lo que proceda».
Sobre esto, el delegado ha recordado que «el asentamiento lleva más de 20 años y, sin embargo, no ha podido aplazar dos meses más, cuando había incluso una intermediación judicial que quitaba esa responsabilidad, y había acuerdo entre todo el resto de los partes».
La secretaria judicial será la que de la orden del desalojo de las 47 familias de «El Cavero», prevista para las 10:00 horas, ha confirmado Nicolás, quien ha reconocido que «puede ser bastante bochornoso porque las familias lo tienen claro, desde el 30 de marzo que se produjo la sentencia, pero veremos que pasa».