Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca han iniciado una campaña sobre los peligros asociados al transporte de residuos nucleares y han pedido a los 217 municipios amenazados por estos transportes que exijan la paralización del proyecto. Así, se han dirigido a las localidades de Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura por donde circularían unos 40 transportes nucleares por año (tres cada mes), según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en caso de que el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC), de combustible gastado y residuos de alta actividad, se lleve a cabo finalmente en Villar de Cañas (Cuenca).
Según informan estas organizaciones en nota de prensa, durante el período de consultas previas, así como durante el de participación pública del Estudio de Impacto Ambiental, se solicitó que se incluyera a todos los municipios afectados, «pero esta petición no fue atendida» y por ello las tres organizaciones han informado directamente a los municipios de los riesgos y les han solicitado que se sumen a la petición de paralización de este proyecto.
Las organizaciones antinucleares consideran que lo más adecuado sería que se realizase la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos que está totalmente obsoleto; que se identificasen las alternativas técnicas más seguras; y que se determinase cuál es la alternativa socialmente más apoyada.
«Los municipios afectados por el transporte de residuos radiactivos deben hacer oír su voz sobre el proyecto del cementerio nuclear. El derecho a la participación pública está reconocido por la ley y es garante de las mejoras en seguridad de proyectos como el del ATC», ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.
Consideran que las actuaciones, tanto del Ministerio de Industria como del CSN, «atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear».
Francisco Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, ha manifestado que «la autorización del emplazamiento del ATC supone un atropello, puesto que está basada en informes geológicos y de impacto radiológico deficientes. Además, la construcción del ATC supondrá que los transportes nucleares atraviesen miles de kilómetros por territorio poniendo en riesgo numerosos núcleos de población».