El grupo de Izquierda Unida en la provincia de Toledo va a impulsar la firma de lo que llama Pacto Social por el Agua Pública para frenar la privatización del servicio en los pueblos (que según la formación llega al 60 por 100, un 75 por 100 de la población y lo encarece entre un 13 y un 21 por 100) y promover su remunicipalización (que es la tendencia actual en otros países, asegura esta formación).
Tal y como han anunciado el diputado provincial de IU Jorge Vega y el responsable de servicios públicos de la formación, José María Fernández, la formación de izquierdas busca la firma de todos los actores sociales para promover que el servicio del agua sea público en un 100 por 100 y para que la Administración garantice una dotación mínima de entre 60 y 100 litros de agua por persona y día, incluso en caso de impago.
Jorge Vega (a la derecha) y José María Fernández.
IU quiere garantizar con este pacto la calidad del agua y el control municipal y social del servicio. «Queremos que la democracia llegue también al agua», ha afirmado Jorge Vega, que ha recordado que hoy miércoles hace un año que IU presentó un estudio de cómo está el servicio en los pueblos toledanos.
Vega ha anunciado además su intención de implicar a la Diputación de Toledo en la firma del Pacto Social por el Agua Pública, «como ya lo han hecho las diputaciones de Sevilla y Jaén», ha dicho.
Por su parte, José María Fernández ha asegurado que la privatización del servicio «resta poder al ciudadano en la recepción de un derecho como el agua». Fernández, tras recordar que el agua es un derecho humano según la resolución de la ONU de 2010, ha asegurado que la privatización «vende la calidad del agua y del empleo». Se refiere a que las empresas, «en virtud de la fórmula del equilibrio económico, si no obtienen beneficio, exigen los aumentos tarifarios al pueblo o despiden a sus trabajadores».
También, según Fernández, la privatización «atenta contra el criterio de transparencia, ya que no licitan ningún contrato que tenga que ver con el abastecimiento de agua». El responsable de servicios públicos de IU ha añadido que «mienten con el criterio de eficacia, ya que el estudio del Tribunal de Cuentas de 2010 asegura que el servicio en los pueblos de menos de 20.000 habitantes es más económico si es público».
Por último, IU pone el modelo de Alcázar de San Juan, que se ha opuesto al modelo privado, y los casos de Paris, que ha remunicipalizado el servicio, Lucena, una población de 45.000 habitantes donde el servicio es público, y comarcas sevillanas en las que se ha revertido el servicio sin tener en cuenta las adscripciones políticas.