Por primera vez desde que hace ocho años y medio se empezase a desarrollar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad), conocida como la Ley de Dependencia, Castilla-La Mancha ha suspendido en la valoración de su aplicación. Así se desprende del último Dictamen del Observatorio, correspondiente a julio de 2015, que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
En el análisis de los últimos años se comprueba cómo la comunidad ha pasado de tener una puntuación de sietes y ochos entre 2009 y 2011 a otra de seises y cincos a partir de 2012, hasta llegar al 4,6 en junio de 2015. Es, por tanto, la primera vez que Castilla-La Mancha suspende en esta valoración, una circunstancia que, según el presidente nacional de la asociación, José Manuel Ramírez, es «fruto de las políticas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno de María Dolores de Cospedal». Sostiene que, después de años en los que la región era una de las que aplicaba la ley de «forma notable», ahora los datos «no son nada buenos y representan el desmantelamiento progresivo que ha sufrido Castilla-La Mancha en los últimos ejercicios».
El observatorio concluye que Castilla-La Mancha presenta «una muy preocupante pérdida paulatina de personas con derecho reconocido, lo que denota que las atenciones nuevas se procuran únicamente en la medida en la que se producen bajas en el sistema».
En términos interanuales, de julio de 2014 a junio de 2015, el número de solicitudes ha bajado un 3,84 por 100; el de personas valoradas un 4,72 por 100; el de personas con derecho a prestación un 2,72 por 100; y el de personas atendidas un 2,26 por 100, valores todos ellos negativos que hacen pensar a la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que la incorporación de las personas con Grado I resultará un «inmenso reto» para la comunidad si se considera que actualmente hay 9.400 personas en espera, a las que se añaden otros 17.700 dependientes. En total, a 1 de julio de 2015, hay una lista de espera del 44 por 100.
Actualmente, las personas dependientes son clasificadas en Grado I, Grado II y Grado III, siendo este último el que engloba a aquellos con mayor dependencia. Según recoge la última fase de la Ley, a partir del 1 de julio de 2015 el sistema también debe ofrecer ayuda a los dependientes moderados, esto es, a los de Grado I, algo «imposible en Castilla-La Mancha», según José Manuel Ramírez, pero también en el resto de España porque «los Presupuestos Generales del Estado para 2016 no aportan la financiación necesaria». En su opinión, «el Gobierno central no va a cumplir con la Ley de Dependencia y va a obligar a las comunidades autónomas a que tampoco la puedan cumplir». Vaticina que, «por mucho que quiera Emiliano García-Page, no podrá atender a los moderados».
En 2014 el coste global estimado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) supuso en Castilla-La Mancha 380.396.819 euros, un dinero que salió en un 66,9 por 100 de la administración regional, en un 15,9 por 100 de la administración central y en un 17,3 por 100 del copago. El gasto público en Dependencia por habitante y año en 2014 fue de 131,75 euros, una cuantía superior a la media nacional que está en 104,49 euros.
En España hay más de 1.191.000 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5 por 100 de la población. De ellas, un 37 por 100 no tiene ninguna prestación o servicio del sistema de atención. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales considera que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está desbordado, un colpaso «en el que intervienen diversos factores pero el más directo ha sido el impacto de las medidas de recorte», manteniéndose «graves desigualdades entre territorios». Por otro lado, «en las actuales condiciones de financiación resulta prácticamente imposible que se pueda dar una respuesta a estas personas que el sistema no ha sido capaz de incorporar». Desde este colectivo entienden que es «imprescindible» un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación del sistema de dependencia.