Reproducimos en encastillalamancha.es un artículo de opinión de la diputada nacional del Partido Popular, Rocío López, con motivo del 200º aniversario de la proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812, «la Pepa».
«Hoy, día 19 de marzo, España celebra una de las fechas más importantes para todos aquellos que creemos en que la Constitución debe ser la norma fundamental que dirija la convivencia entre los ciudadanos de un país o nación. Con la Carta Magna aprobada en las Cortes de Cádiz, en el año 1812, nuestros antepasados lograron una de las aportaciones más importantes al constitucionalismo iberoamericano y sin duda la entrada en la historia de esas naciones que, a partir de entonces, dijeron sí al reconocimiento de la libertad y los derechos fundamentales que otros pueblos ya declararon años atrás.
España, con la Constitución de «La Pepa» se convertía en el cuarto país del mundo que plasmaba su ideal de libertad en una ley máxima. Años antes, aparte de Gran Bretaña con su constitución consuetudinaria, ya se había establecido en Estados Unidos, Francia y Polonia. Un logro que, en el caso español, llevaba intrínseco un mérito enorme, pues la nuestra es, sin duda, el primer intento de toda nuestra historia contemporánea de integrar, en una asamblea constituyente de hombres libres, a representantes de los ciudadanos de todos los territorios que entonces formaban el imperio español. En este artículo, a modo de homenaje y recuerdo a este texto tan importante para los demócratas, intentaré relatarles todos aquellos acontecimientos de esa ‘historia’ que comenzó a finales de 1810.
Y así, un 24 de septiembre se acordó el Real Decreto de constitución de las Cortes de Cádiz. En este, se mencionaba que “los diputados que componen este Congreso, y que representan a la nación española, se declaran legítimamente constituidos”. En ellos, residía la soberanía nacional, proclamada por primera vez en nuestro país. Es preciso recordar que ya, en ese año, el rey Fernando VII, monarca absolutista, había sido ‘apresado’ en Bayona por Napoleón, y le sustituyó en el reinado del imperio español, su hermano, José Bonaparte. España se veía inmersa en una Guerra de la Independencia que duraría hasta 1812, cuando se iniciaba el primer bienio liberal de nuestra historia.
Durante este periodo y en la primera sesión de las Cortes de Cádiz, se aprobaba un documento con principios que ahora son irrenunciables por cualquier sociedad, como el de la “igualdad” entre los ciudadanos de todo el imperio español, salvo los entonces esclavos, y la reivindicación de esa igualdad en los empleos y destinos. Todo un hito que más tarde confirmaría la cámara al integrar en la misma a 60 diputados venidos de los territorios de ultramar del imperio, entre los que destacaron los venidos de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Un concepto, el de igualdad, que pretendía, además, que la Constitución de Cádiz se convirtiera en la primera con un ideal planetario, lo que convertía a la misma, como bien señala Jorge de Esteban, en “una bella utopía”.
Y de esos pensamientos entonces utópicos, sobrevinieron y así quedaron plasmados en papel, los ideales de esa Constitución que tuvo a dos corrientes de pensamiento como protagonistas. La primera, los llamados ‘tradicionalistas’, principalmente formados por clérigos y por un grupo de seglares que representaban la cultura más arraigada de nuestro país. De esta corriente, sobresalía un pensador curtido en mil batallas como Jovellanos, que a pesar de no estar mucho tiempo en la capital andaluza, promulgó allí su famosa frase de “yo no sigo un partido, sino la santa y justa causa que sostiene mi patria”.
Con hombres como ellos, las Cortes de Cádiz estaban destinadas al éxito. A estos se unían una segunda corriente ideológica, los “liberales”, que con su proyecto de imponer en España los mismos principios de la Revolución Francesa, lograron dotar a “La Pepa” de un espíritu revolucionario y ávido de proclamar los Derechos Fundamentales de la Humanidad, los principios de soberanía nacional, la separación de poderes y la limitación del poder del monarca.
Entre estos dos grupos integrados por hombres ilustrados e inteligentes fueron discutiendo y modelando, sesión tras sesión, el texto. Uno de los temas más debatidos fue la confesionalidad del Estado, donde el sector religioso consiguió que no se tocaran los privilegios de la Iglesia. A cambio, los “liberales” lograron hacer entrar en razón a la mayoría conservadora de la cámara en temas como la abolición de la Inquisición o la implantación en España, por primera vez en su historia, del derecho a la libertad de imprenta. Todo un avance que, por otro lado, veía como la línea de actuación que estaban siguiendo los liberales era un reflejo de la Constitución Francesa proveniente de la Revolución de 1789.
Entre ellos, este parlamento logró establecer en una de las naciones más tradicionalistas un régimen basado en la división de poderes, y el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos como el de propiedad y libertad, la inamovilidad de los jueces, el habeas corpus, la prohibición de la tortura, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de expresión y de imprenta.
A estas alturas, no cabe ninguna duda que muchos de estos derechos son asumidos hoy en día por la mayoría de sociedades de este mundo. Pero entonces, esta Constitución también aportó a la historia moderna una verdadera revolución política y, por ende, social. Con el establecimiento del sufragio universal, en régimen representativo, los españoles entrábamos por fin en la modernidad y en la educación constitucional, de la que hoy celebramos ya dos siglos de antigüedad.
Y es que, a pesar de que la carta gaditana incorporara gran parte de los ideales intrínsecos de la Revolución Francesa, los españoles podemos estar orgullosos de haber podido albergar el nacimiento de la primera constitución cristiana del mundo moderno. Nuestra tradición religiosa fue la que nos llevó a proclamar delante del mundo que una sociedad no puede olvidarse tampoco de aquello en lo que cree además de reconocer que es su tradición religiosa la que le dio esa entidad y la que le permitió llegar a cruzar y abrazar las tesis constitucionales.
Y así, bastaron nada más y nada menos que un total de 1.800 sesiones para que los 97 eclesiásticos, 60 abogados, 20 intelectuales, 46 militares, cinco funcionarios, 15 latifundistas y 10 obreros, de los que el 66 por 100 formaba parte del entonces llamado “estado llano” promulgaran con gran ilusión la Constitución de 1812, ese 19 de marzo de 1812, festividad de San José.
Seguramente, ninguno de ellos imaginaría que 200 años después, este texto que custodia el Congreso de los Diputados y que hoy se encuentra en la ciudad de Cádiz, con motivo de este bicentenario, tuviera la trascendencia que hoy día tiene. Por ello es muy merecido el homenaje que se le rinde por haber llenado miles de páginas de la historia de España con su nombre. Porque en Cádiz comenzó nuestra aventura a través del constitucionalismo que nos trajo a la que hoy gobierna y rige nuestra convivencia: la de 1978.
También en 1978, pensadores, políticos, y, en definitiva, personas provenientes de todos los ámbitos ideológicos, se pusieron de acuerdo para promulgar la Constitución que ponía fin al régimen anterior. 33 años después y al tiempo que celebramos el bicentenario de la “Pepa”, los demócratas españoles tenemos también un deber: enseñar al mundo nuestra experiencia y llevarla a aquellos pueblos que hoy no disfrutan de esos idearios de libertad, igualdad y democracia que ya hace 200 años, un grupo de valientes que amaban por encima de todo a España, lo hicieron en la ciudad de Cádiz».