La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha defendido hoy que el convenio sanitario con Castilla-La Mancha «favorece de manera especial» a los ciudadanos de esa comunidad, pero no «obligará» a su mantenimiento y cuando se lo notifiquen procederá a disolverlo en los términos establecidos.
Cifuentes se ha pronunciado así tras reunirse con la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 que se estrelló en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en agosto de 2008, al ser preguntada por la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de retirar el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid porque «no favorece» a los castellanomanchegos.
La presidenta regional ha recordado que el acuerdo fue suscrito hace unos meses (el 11 de marzo de 2015) «a petición» del Gobierno de Castilla-La Mancha y por el que hospitales madrileños prestaban atención sanitaria a ciudadanos de las zonas limítrofes de Toledo y Guadalajara.
A su juicio, este acuerdo «favorece de manera especial» a los ciudadanos castellanomanchegos y la Comunidad de Madrid lo suscribió «con ganas» y para ejercer la «solidaridad» que debe haber entre regiones.
Cifuentes ha considerado que «el hecho de que haya una línea de separación entre Madrid y Castilla-La Mancha no debería afectar a los ciudadanos de una y otra comunidad» y las regiones, dentro de sus competencias, deben «colaborar» para prestar el mejor servicio a todos los ciudadanos.
Ha lamentado, por ello, que el Gobierno castellanomanchego esté considerando la disolución de este acuerdo «objetivamente bueno», pero ha recalcado que la Comunidad de Madrid no «va a obligar» a mantenerlo.
«Una vez que recibamos la notificación formal procederemos a disolver el convenio en los propios términos que establece, es decir cumpliendo las obligaciones adquiridas y en la forma que el propio convenio establece», ha dicho Cifuentes.
La presidenta regional ha lamentado que no se dé a los ciudadanos la posibilidad de ser tratados en especialidades médicas en hospitales muy próximos a sus lugares de residencia, lo que les supondrá «trasladarse unos cuantos kilómetros para recibir la atención sanitaria dentro de su comunidad autónoma».