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24/09/2015junio 7th, 2017
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Más de un político y empresario españoles deberían seguir el ejemplo de Martin Winterkorn, presidente ejecutivo del Grupo Volkswagen, quien ha dimitido de tan importante cargo tras descubrirse que esta multinacional automovilística alemana ha trucado sus motores para falsear el nivel de emisión de gases contaminantes. Si en España se utilizara con más frecuencia el verbo dimitir, cuando hay motivos para ello, nos iría mucho mejor.

Este caso se ha conocido porque una ONG de Estados Unidos encargó a la Universidad de Virginia Occidental que estudiara las emisiones de gases contaminantes que producen los coches diésel. Los investigadores descubrieron que los Volkswagen superaban hasta en 30 veces los límites permitidos legalmente y saltó el escándalo.


La todopoderosa empresa automovilística ha admitido que en 11 millones de coches de todo el mundo instaló un sistema manipulado para medir esos gases. El presidente, muy presionado, ha asumido todas las
responsabilidades y ha dimitido, aunque él y la compañía aseguran que no sabían nada de esa actuación ilegal.

POCAS Y HONROSAS EXCEPCIONES

En España, donde los casos de corrupción política o empresarial inundan a diario los medios de comunicación, es inimaginable que alguien dimita antes de ser condenado por una sentencia. Ha habido algunas excepciones, honrosas pero escasas, como éstas:

Antoni Asunción (PSOE) dimitió en abril de 1994 como ministro del Interior, porque el entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, había huído de España una semana antes y él asumió toda la
responsabilidad política.

Manuel Pimentel (PP) dimitió en febrero del 2000 como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando se descubrió que la esposa de uno de sus más estrechos colaboradores en el Ministerio participaba al 50 por 100 en una empresa que había obtenido 2.000l millones de pesetas en subvenciones del Instituto Nacional de Empleo (Inem), un organismo dependiente de ese Ministerio. Lo mismo que Asunción, él no tuvo nada que ver con ese asunto ni fue investigado judicialmente, pero también asumió su responsabilidad política.

Willy Meyer (IU) dimitió como diputado del Parlamento Europeo en julio de 2014, apenas un mes después de haber sido elegido. Se publicó que, como otros eurodiputados, había tenido un fondo de pensiones de la Eurocámara, gestionado por una sociedad de inversión de capital variable (sicav) en Luxemburgo, que pagaba unos impuestos bajísimos. Como Izquierda Unida siempre ha estado en contra de esas sociedades, dimitió «por coherencia» pese a que era un fondo legal y a que él desconocía qué compañía lo gestionaba. Otros eurodiputados de PSOE, PP, UPyD y otros partidos, que también tuvieron ese fondo de pensiones, no dimitieron.

RESISTIR COMO GATO PANZA ARRIBA

Casos como estos tres, y algunos más que ha habido, no son lo habitual sino todo lo contrario. Lo más frecuente es que los políticos y los empresarios implicados en casos de corrupción se resistan como gato panza arriba a dejar el cargo, aunque existan indicios más que sobrados de que están metidos de lleno en el asunto porque se benefician materialmente o que tienen una responsabilidad política.

La ex ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, no dimitió de ese cargo hasta noviembre de 2014, pese a que desde varios años se había constatado en la investigación judicial que su familia había recibido regalos, fiestas pagadas y viajes por parte de la trama Gürtel. Cuando un juez dijo que ella fue «partícipe a título lucrativo» en varios delitos -es decir, que no los cometió directamente, porque el presunto implicado es su ex marido, pero que se benefició de ellos-, Mariano Rajoy la obligó a dimitir.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid (PP), Esperanza Aguirre, no está implicada en ningún caso de corrupción. Pero varios cargos públicos que han sido de su máxima confianza -entre ellos Francisco Granados, ex consejero en su Gobierno y ex secretario general de su partido en Madrid que lleva más de un año en prisión preventiva- van a ser juzgados y ella no ha asumido ninguna responsabilidad política. Se defiende diciendo que desconocía esas actividades y que en cuanto las supo los destituyó, pero en otros países democráticos ya habría dejado de ser presidenta del PP madrileño, como quiere una parte de su propio partido.

En casi todos los partidos políticos -en unos más que en otros- hay cargos que deberían haber dimitido sin esperar a que los obliguen a marcharse, en beneficio de su partido y de la democracia. Entre los empresarios, también.

El 1 de marzo de 2011, el ministro de Defensa del Gobierno de Angela Merkel, Karl Theodor zu Guttenberg, de 39 años, dimitió porque un periódico publicó que en su etapa universitaria había plagiado parte de su tesis doctoral en Derecho. Muchos ciudadanos dijeron entonces que una dimisión como esa es imposible en España y, a la vista de lo que ocurre a diario, seguro que siguen diciéndolo todavía. ¿Llegará algún día en que el verbo dimitir se conjugue aquí con más frecuencia? Ojalá sea pronto, porque será un síntoma de madurez de nuestra democracia.

Y EN CASTILLA-LA MANCHA…

El alcalde de Talavera, Jaime Ramos (PP), está en contra de trasvasar agua del Tajo en las circunstancias actuales y por eso acudirá el día 26 a una manifestación, con todos los grupos municipales; pero se ha enfadado porque el portavoz del Gobierno regional lo ha dicho en público y le pide una rectificación. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón (PSOE), ha anunciado una «rebaja generalizada» de impuestos en 2016, pero el portavoz del PP, Jesús Labrador, sin esperar a que ella concrete su propuesta, se ha apresurado a asegurar que lo que hará es subirlos.

Si los dos partidos se oponen -al menos, en Talavera- a trasvasar un agua que ahora no sobra y coinciden en rebajar los impuestos, no se entienden estas reacciones a golpe de nota de prensa. Parece que ambas partes deben responder siempre al adversario político, diga éste lo que diga y aunque a veces coincidan en el fondo. Unos y otros deberían saber que la ciudadanía quiere que los políticos sean serios en el gobierno y en la oposición, no que den el espectáculo que habitualmente ofrecen en esta región. Con las cosas de comer -el trasvase, los impuestos y tantas otras- no se juega, sobra la demagogia y el «me opongo por oponerme». Seriedad, por favor.

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