El Gobierno, tanto el actual como el que llegue después de las elecciones generales de diciembre, está obligado a ocuparse de manera eficaz de unas víctimas que llevan muchos años sufriendo: las que nacieron con graves malformaciones hace más de 50 años, porque a sus madres las recetaron durante el embarazo un medicamento que contenía talidomida -incluso mucho tiempo después de haber sido prohibido en Europa-, y las del llamado síndrome tóxico, que se envenenaron hace 34 años por cocinar con aceite de
colza adulterado.
El Tribunal Supremo ha sentenciado que el laboratorio alemán Grünenthal, que fabricó el medicamento con talidomida -recetado en aquellos años como sedante y para combatir las náuseas durante los primeros meses del embarazo-, no tiene que indemnizar a los afectados en España porque estos no lo solicitaron en el plazo de un año a partir de alcanzar su mayoría de edad. Ese es el tiempo que establecen las leyes españolas para reclamar judicialmente y, según la sentencia, ya ha prescrito y no pueden recibir los 200 millones de euros de indemnización que pedían ellos y el fiscal.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en respuesta a Convergència i Unió (CiU), ha asegurado en el Congreso de los Diputados que no comparte esa sentencia, pero la respeta, y que el Gobierno «va a seguir actuando para ayudarles [a los afectados] en ese camino que ya dura demasiado tiempo».
DECEPCIONADOS CON EL MINISTRO ALONSO
Palabras y sólo palabras, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), cuyos representantes han asistido el 30 de septiembre en el Congreso al debate sobre este asunto y han salido muy decepcionados. Han recordado que el ministro se reunió con ellos el 15 de diciembre pasado, les dijo que iba a estudiar su caso y nueve meses después los ha despachado con una promesa que probablemente no podrá cumplir porque le quedan tres meses en el cargo por las elecciones generales.
Dejando a un lado los argumentos jurídicos del Tribunal Supremo, los más de 500 afectados que integran esa asociación no entienden que la empresa alemana no les indemnice a ellos mientras aporta fondos, como también hace el Gobierno de Alemania, para pagar pensiones de hasta 6.000 euros mensuales a miles de afectados en todo el mundo. El Gobierno de Mariano Rajoy debería actuar en este caso con tanta urgencia como ha puesto para aprobar una polémica reforma del Tribunal Constitucional -en contra de toda la oposición, una vez más- y resolver esta injusticia, con independencia de lo que digan los tribunales, en el tiempo que aún le queda en La Moncloa.
Las víctimas del síndrome tóxico, que llevan 34 años de sufrimiento y de promesas incumplidas, también han acudido al Congreso, donde han encontrado el apoyo de Izquierda Unida para presentar una propuesta en la que solicitan que el Pleno debata su situación y necesidades, tanto sanitarias como de ayuda e investigación de la enfermedad.
EL ACEITE DE COLZA ADULTERADO
El envenenamiento masivo, que comenzó en mayo de 1981, afectó a más de 20.000 personas, de las cuales han fallecido unas 2.500. Después de años de investigación y 15 meses de juicio, se comprobó que varios empresarios aceiteros habían desviado para el consumo humano aceite de colza que había sido desnaturalizado con productos destinados a uso industrial, lo vendieron a granel en mercadillos y provocaron la intoxicación.
Los afectados han recibido tratamientos y ayudas, pero dicen que la investigación ha sido olvidada y quieren que continúe, porque aún se desconoce cómo seguirá actuando en ellos la enfermedad. Un dato significativo: en la actualidad solo existe una consulta específica sobre el síndrome tóxico, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde únicamente la doctora María Antonia Nogales atiende desde hace 20 años a las personas afectadas que se enteran y acuden a ella.
En la proposición no de ley -que ha sido presentada el 30 de septiembre por el grupo parlamentario de IU-ICV-CHA y el Mixto, a petición de la Plataforma Síndrome Tóxico Seguimos Viviendo-, piden que el Congreso inste al Gobierno a crear un organismo que coordine todo lo relacionado con las necesidades de los afectados, reactivar la investigación e incluir esta patología en los planes de estudio de la carrera de Medicina.
MUCHOS AÑOS DE CALVARIO
Esa plataforma y los esos grupos parlamentarios saben que el Congreso no podrá debatir esta propuesta porque las Cortes serán disueltas dentro de pocas semanas, para celebrar elecciones generales en diciembre. Pero también saben que en febrero de 2016, cuando comience la próxima legislatura, pueden presentar de nuevo la proposición no de ley.
Lo lamentable, tanto en el caso de la talidomida como en el del síndrome tóxico, es que las personas afectadas tengan que sufrir un calvario de tantos años sin recibir todas las ayudas y la atención que merecen porque es de justicia. No han sido abandonadas, pero tampoco han sido tratadas como corresponde, ya sea por argumentos jurídicos o por dejadez y falta de voluntad política. El próximo Gobierno debería anotar en su agenda estos dos asuntos para abordarlos con seriedad.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Además de repartir de manera polémica los fondos públicos que destina el Gobierno regional a promocionar esta comunidad, ¿qué hace la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha, que creó María Dolores de Cospedal y cuyo nuevo gerente es Rafael Moreno?
Cuando el Gobierno central y los autonómicos dicen que hay que eliminar muchos organismos públicos por innecesarios y costosos -ya se ha hecho con un buen número-, hay que preguntarse si el Ejecutivo de Emiliano Gacía-Page nececesita una fundación para distribuir esos fondos o si tendría que ser competencia de una Consejería. Debería planteárselo y prescindir de ella o explicar con total transparencia sus funciones y su coste.