El 24 de julio de 2013 la vida del guadalajareño Óscar Nicolás Alonso y su familia -al igual que la de otros cientos de personas- se truncó por completo. Su hermana y su cuñado viajaban en el tren Alvia que, desde de la estación Chamartín de Madrid, volcó violentamente a tres kilómetros del destino al que nunca llegó: Santiago de Compostela.
Junto a otro castellanomanchego -el ciudadrealeño Santiago Fernández, que perdió a su padre y a su cuñada- y al resto de miembros de la Asociación de Víctimas del Alvia 04155, lleva más de dos años denunciando que el responsable de lo que pasó aquel día no fue únicamente el maquinista sino que, según sostienen y argumentan con documentos firmados por técnicos y opiniones de expertos, detrás hubo negligencias de Adif y de Renfe.
Siempre luchando por que sus voces sean escuchadas, en esta ocasión han hecho realidad el documental «Frankestein-04155» en el que buscan demostrar que una cadena de errores fue la causante de uno de los mayores accidentes ferroviarios de la historia de España, en el que fallecieron 80 personas.
El martes 27 de octubre, a las 20:00 horas, se podrá ver en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), concretamente en la sala LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid). En noviembre también será presentado en Segovia y en Madrid. Ha sido llevado a cabo por una productora gallega, que ha realizado un gran trabajo de investigación, y financiado a través de los 53.000 euros que consiguió este colectivo a través del crowdfunding.
Tal y como cuenca Óscar Nicolás Alonso a Encastillalamancha.es, es un documental de denuncia en el que ofrecen su testimonio técnicos especialistas en ferrocarril, ex directivos de Renfe, víctimas y el presidente de la asociación, Jesús Domínguez. A través de estos relatos se explica que este servicio Alvia -inaugurado por el entonces ministro socialista de Fomento, José Blanco, y presentado por éste como «el único tren híbrido del mundo»- era en realidad «una chapuza» porque «las prisas por inaugurarlo meses antes de las elecciones hicieron que algunos tramos de la vía no fuesen electrificados», por lo cual «fue necesario dotar a este tren de dos transformadores de gasóleo que supusieron que llevase un sobrepeso de 32 toneladas», «lo que contribuyó a que volcase de forma tan violenta».
«No fue la única negligencia» y es que en 2012, «un año y un día antes del accidente, cuando el PP estaba en el Gobierno, se desactivó de este Talgo el Sistema de Conducción y Frenado Automático, obligatorio en la alta velocidad». Señala que el motivo por el que eliminaron este dispositivo informático, que «habría evitado el accidente», fue porque provocaba restrasos en la llegada de los trenes y obligaba a Renfe a devolver el dinero del billete.
Desde la asociación que representa a las víctimas y familiares del accidente reclaman -y así se pone de manifiesto en el documental- que este tren no estaba homologado y que incluso el Instituo Nacional del Ingenieros, dependiente de Adif y encargado de firmar el proyecto de su construcción, «dio su visto bueno pero con una serie de limitaciones que nunca se han llegado a aclarar».
Todo ello llevó a los especialistas ferroviarios a considerar este tren como una «chapuza» y a bautizarlo como «Frankestein», de ahí el título de un documental en el que muchos de estos profesionales no se han atrevido a dar la cara por miedo a represalias.
«ME SIENTO NINGUNEADO Y JUDICIALMENTE INDEFENSO»
Este guadalajareño que reside en Cabanillas del Campo ha vivido el proceso con mucha rabia e indignación, también el hecho de que el juez que imputó a 23 altos cargos de Adif y Renfe fuese retirado del caso y sustituido por otro que considera responsable único al maquinista.
«Ha sido un despropósito tras otro, sin que nadie nos pidiese perdón y sin que se produjesen dimisiones». Al igual que el resto de familiares, dice sentirse «ninguneado» y «judicialmente indefenso» porque «el juez no ha querido escucharnos y ha cerrado el caso en falso». Asegura que «no vamos a parar hasta que no se conozca la verdad y se haga justicia».
Entiende que la responsabilidad va más allá del maquinista y de los altos cargos de Adif y Renfe y que también hay responsabilidad política: «Los gobernantes nunca han querido que se supusiesen las causan porque peligran las ventas de la alta velocidad de España a otros países».
En la plataforma change.org continúan recogiendo firmas para que se ponga en marcha una comisión de investigación en el Congreso a la que se negaron los partidos mayoritarios: PP, PSOE, CiU y PNV.