El comité de empresa de CR Aeropuertos, la sociedad que gestiona el aeropuerto de Ciudad Real, ha pedido al juzgado número 4 de lo Mercantil de Ciudad Real que deje sin efecto la suspensión temporal de los contratos de trabajo que se plantea en el actual Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Según el escrito presentado por el comité de empresa ante la juez y al que ha tenido acceso Efe, los trabajadores han pedido que no se tenga en cuenta la propuesta presentada por la administración concursal que gestiona esta infraestructura aeroportuaria desde que se declaró en concurso de acreedores y que plantea la extinción de 72 puestos de trabajo.
Los trabajadores señalan que se oponen a la «suspensión» de los contratos de trabajo en los términos planteados por la administración concursal de la empresa al considerar que «vulnera los derechos de los trabajadores».
En este sentido, consideran que si la medida de cerrar argumentada por la administración concursal se justifica en la suspensión temporal de la actividad en el aeropuerto de Ciudad Real, es necesario una fecha de suspensión para que haya una fecha de inicio del ERE, y no al revés, puesto que lo contrario, convertiría al ERE en la causa de la suspensión de actividad del aeropuerto.
Además, los trabajadores consideran que la extinción, suspensión o cambio en los contratos de los trabajadores deben ir acompañados de un plan que recoja la incidencia de estas medidas en el futuro de los puestos de trabajo y las acciones a tomar para asegurar la viabilidad de la empresa.
Los trabajadores consideran que ese plan debe ser significativamente más detallado que lo que ha planteado la administración concursal para este ERE.
Para estos es preocupante que el ERE cuando hace referencia a la conservación del empleo, no detalle nada relacionado a la viabilidad de los puestos de trabajo después de su finalización.
Asimismo, a este colectivo le preocupa su posible retorno a sus puestos de trabajo, puesto que según la normativa aeronáutica de AESA y formación del personal laboral, existe un período máximo de inactividad delimitado en función del puesto de trabajo, y que, en la mayoría de los casos, contemplaría la necesidad de repetir la formación completa de los trabajadores para volver a desempeñar su puesto de trabajo.
Para que los trabajadores pudieran reincorporarse a sus puestos de trabajo después de un año de suspensión, deberían estar ya planificados una serie de cursos especializados que, en muchos casos superan los seis meses de duración, hecho que, dicen, no se contempla en el ERE.
Por este motivo, han comentado que la suspensión de un año de los contratos de trabajo sin un plan detallado de formación de los trabajadores incumple la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Los trabajadores han recordado que este sería el segundo ERE al que se sometería la plantilla y han advertido que como ya habían señalado durante el primer ERE, la resolución de las medidas colectivas ejecutadas no han cumplido con su objetivo de asegurar la viabilidad de la empresa y del empleo, «prueba irrevocable» de ello, han dicho, es que la plantilla de trabajadores se enfrenta a otro ERE de suspensión laboral de un año.
Para los trabajadores un segundo ERE no es la solución ni para el trabajador ni para la empresa, ya que, han dicho, «en una empresa de la magnitud de un aeropuerto, no es el gasto mensual en nóminas lo que ha provocado la situación de concurso de acreedores ni es la solución al mismo».