Será la nueva ley de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha que, si se cumplen los trámites y plazos previstos, se aprobará en las Cortes regionales el próximo año. Un texto que, tal y como ha explicado el vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, tiene como objetivo «que Castilla-La Mancha vuelva a estar a la cabeza en materia de transparencia, queremos ser pioneros».
Y que no solo afectará a todos los altos cargos de la administración regional, también «a asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos políticos o a sindicatos y a agrupaciones de electores. E incluso a todas aquellas entidades privadas que reciban, en subvenciones, más de 60.000 euros anuales».
SE PUBLICARÁN LAS AGENDAS DE LOS CONSEJEROS Y NO HABRÁ SILENCIO ADMINISTRATIVO
O, lo que es lo mismo, desde el momento en el que se apruebe la ley se publicarán todas las agendas institucionales, las agendas de los miembros del Gobierno, todos los ciudadnos sabrán con quiénes se reúnen los consejeros y cuáles son los asuntos a tratar. Además, se publicarán todos los gastos en materia de publicidad institucional, los gastos de representación, los contratos que se firmen con la administración, la designación de las mesas de contratación y lo que hagan las empresas adjudicatarias.
Cualquier ciudadano «tendrá acceso a la información pública, a los documentos de la administración, incluida una cláusula de garantía para los ciudadanos, porque el silencio administrativo se entiende que se ha concedido el derecho para acceder a la información que se solicita, y no al revés».
Para la elaboración del texto de la nueva ley se inicia, a partir de esta tarde, que es cuando se publicará en la página web de la Junta de Comunidades el borrador del anteproyecto, un proceso para recibir cuantas propuestas tengan a bien realizar los ciudadanos, «quienes podrán hacer las aportaciones y sugerencias que quieran, con el fin de que la nueva ley sea fruto del mayor consenso social posible».
SERÁN LOBBIES TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN INFLUIR EN LAS DECISIONES POLÍTICAS
Entre las novedades que incluirá la nueva ley estará la de la ampliación de la condición de alto cargo, «que lo serán no solo aquellos que tengan esa condición por la Ley del Gobierno, sino también aquellos que ejercen funciones de dirección en el ámbito del sector público regional, sea cual sea su relación con la administración. Tendrán que cumplir un código ético que en el plazo de seis meses desde la puesta en vigor de la ley tendremos que aprobar».
Altos cargos que deberán hacer una declaración responsable «sobre los principios del buen gobierno, de un código ético, y hasta que no suscriba esa declaración no será incluido en la nómina de la Junta, por lo que será una infracción el cumplimiento de ese compromiso».
Y una de las novedades será el asunto de los lobbies o grupos de presión. El vicepresidente ha recalcado que Castilla-La Mancha será la segunda comunidad autónoma que regule esta cuestión y se refiere «a aquellas organizaciones y personas que desarrollan su labor en Castilla-La Mancha e influyen en las tomas de decisión política. Por lo que crearemos un registro donde se tendrán que inscribir todas las personas que quieran influir en la actividad política de la región y exigieremos que informen de cuáles son sus objetivos y actividades y con quienes tienen contacto para intentar influir políticamente».
Guijarro ha puesto como ejemplo que un lobby sería el de las plataformas antifracking, «puesto que son un grupo de interés». Y como ella muchas otras. «La Vicepresidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha -ha explicado- está inscrita como grupo de interés en el registro de la Unión Europea (UE), porque queremos influir en las decisiones de la UE para defender los intereses de la región».
SANCIONES DE HASTA 12.000 EUROS E INHABILITACIÓN DE LOS ALTOS CARGOS ENTRE UNO Y CINCO AÑOS
Respecto al régimen sancionador para todos aquellos que no cumplan con esta ley de transparencia, las multas serán desde los 600 euros para las infracciones leves hasta los 12.000 euros para las más graves. «Y los ceses de los altos cargos que incumplan la ley y la inhabilitación para volver a ser altos cargos durante un año para los casos menos graves y entre uno y cinco años para los graves».
En esta ley no se incluiría ni al presidente de la región, Emiliano García-Page, ni a los consejeros ni a los diputados de las Cortes, pero sí cuando se modifique próximamente la Ley del Gobierno, «tanto el presidente como los consejeros y los diputados podrán ser inhabilitados, pero cuando se incorpore esa obligación en la Ley del Gobierno. Es la voluntad que tenemos, pero de momento no se puede incluir en esta ley porque estaríamos modificando la Ley del Gobierno y no podemos hacerlo nosotros, sino que son las Cortes regionales a quien les corresponde. Pero nuestra voluntad es ésa, que también puedan ser sancionados e inhabilitados».
Además, se creará el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano colegiado que formarán tres personas que deberán ser elegidas por las Cortes por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda.