La Cámara de Comercio e Industria de Toledo cumple un siglo de vida. Cuenta que en el año 1912, el periódico «El Castellano» del 10 de agosto y «La Campana Gorda» del 8 de agosto y otros periódicos de la época reflejaron que el Comisario Regio, presidente del Consejo Provincial de Fomento, comunicó que el acto de constitución de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia se celebraría el 13 de agosto de ese año en el Gobierno Civil, todo ello en cumplimiento de una Ley dada por Alfonso XII el 29 de junio de 1911 y publicada en la «Gaceta de Madrid» del 1 de julio del mismo año, por la que se dispone que las Cámaras de Comercio e Industria y las de Comercio sean organismos oficiales dependientes del Ministro de Fomento, con el cual, lo mismo que con los demás ministros, se corresponderán directamente»,
«Ha transcurrido ya más de un siglo desde que se constituyeron oficialmente las Cámaras como cuerpos consultivos de la Administración pública y con el objeto de fomentar los intereses del comercio, la industria y la navegación, función y objeto que no ha variado a lo largo de estos años», indica la institución cameral en nota de prensa. Añade que «ni siquiera el incongruente Real Decreto Ley de diciembre de 2010 que suprimió la obligatoriedad del pago de la cuota cameral, ha alterado su carácter de organismos de derecho público, colaboradores de la Administración y defensores de los intereses generales, aunque sin arbitrar los recursos que han de destinarse al cumplimiento de esas funciones de carácter público administrativo».
Una centuria en la que la Cámara de Toledo ha estado al servicio de las empresas de la provincia, «de todas las empresas, que no sólo han sido y son las beneficiarias de sus actuaciones, sino que son, todas ellas, las que tienen el derecho y el deber de decidir, orientar y fiscalizar su actividad, bajo la tutela de la administración pública».
Señala que las cámaras tienen su razón de ser en el servicio de carácter público a las empresas, a todas las empresas, con la garantía de ser gobernadas por los propios empresarios bajo la tutela pública, ya que pública es también la naturaleza de las Cámaras, pública es su actividad y público su patrimonio, porque es un patrimonio creado en el ejercicio de funciones de carácter público administrativo atribuidas mediante Ley, a través de ingresos públicos equivalentes a impuestos y mediante subvenciones públicas otorgadas atendiendo a su carácter de organismos de Derecho público tutelados por la Administración.
«Cumplimos este año un primer siglo de servicio al comercio y la industria de nuestra provincia. Creemos haber cumplido con nuestro deber de forma honesta, y prueba de ello son los centros de que la Cámara dispone al servicio de las empresas: viveros de empresa, delegaciones de la Cámara, etcétera», concluye.
Queremos que las difíciles circunstancias que atravesamos, no sólo las Cámaras, sean superadas y las Cámaras recuperen el papel que por ley les corresponde en servicio de todas las empresas y que, en esta línea de servicio, la Cámara cumpla, adaptándose como hasta ahora a las distintas exigencias de los tiempos, un nuevo siglo de existencia.