El Consejo de Gobierno ha encomendado al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que paralice lo que entienden que es el proceso de privatización de la Sanidad regional «iniciado durante la pasada legislatura». Porque, tal y como ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, «tenemos las pruebas de que el anterior Gobierno (de Cospedal) inicitó los trámites de privatización de los servicios sanitarios de Almansa y Villarrobledo (Albacete), y de Tomelloso y Manzanares (Ciudad Real)».
Hernando ha afirmado que el anterior Gobierno del PP pagó 100.000 euros a dos consultoras «de renombre internacional para que hicieran una hoja de ruta de la privatización de la Sanidad de todos los castellanomanchegos. Entendemos que la privatización de estos centros era la primera fase», porque temen que intentaban que se extendiera al resto de los centros sanitarios de la región, «y lo hemos matado de raíz».
Los servicios a privatizar en los citados hospitales, ha explicado Hernando, eran «la Atención Primaria y la Atención Especializada, la atención sanitaria de Urgencias, los servicios farmacéuticos, la oxigenoterapia, los cuidados de larga duración o la rehabilitación. Informes que hemos descubierto y hemos roto, lo hemos parado antes de que hubiera un proceso de licitación».
«CUANTAS MENOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS HICIERAN Y MEDICAMENTOS RECOMENDARAN, MEJOR»
Según ha citado el portavoz, el informe se basaba, básicamente, «en privatizar las batas blancas, con un sistema de incentivos mediante el cual cuantas menos pruebas diagnósticas, mejor; y cuantos menos medicamentos se dispensaran, mejor». O, lo que es lo mismo, los médicos ganarían más cuantas menos pruebas diagnósticas hubiera y cuantos menos medicamentos dispensaran, ha recalcado Hernando.
El encargo a estas dos empresas de renombre internacional «se hizo sin publicidad, a dedo, y elaboraron un pliego a la medida de lo que quería el anterior Gobierno para una asistencia sanitaria integral. Pero este nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha dice que no es necesario que estos servicios sean prestados por el sector privado, porque los profesionales del Servicio de Salud de CLM (Sescam) cuentan con la profesionalidad necesaria y no vamos a permitir que los centros públicos se conviertan en clínicas privadas de unos pocos».
El portavoz ha concluido afirmando que «no permitiremos que se haga negocio con la salud de los castellanomanchegos, no se va a primar el beneficio empresarial por encima de la salud de los ciudadanos». Y ha calificado de «insulto que el coste de estos informes sea extremadamente cercano a la inversión que ha hecho este Gobierno en el Plan Dignifica, 100.000 euros, para abrir 204 camas en hospitales de la región en cuatro meses».