Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy con el voto a favor del PSOE y Podemos y la abstención del PP la ley que reducirá a partir del 1 de enero de 2016 la jornada de los empleados públicos de 37,5 a 35 horas semanales y anulará la jubilación forzosa de este colectivo a los 65 años.
Intervención en el Pleno deel consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tras ser rechazadas las siete enmiendas que el PP mantenía vivas para su debate en el Pleno, la ley ha salido adelante con los votos del PSOE y Podemos, grupos que presentaron de forma conjunta ocho enmiendas que fueron aprobadas en la Comisión de Asuntos Generales la pasada semana.
La proposición de ley aprobada, la segunda esta legislatura, modifica la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales aprobada en 2012 por el Gobierno del PP y la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2015.
«Se trata de una proposición que abarca dos aspectos fundamentales para mejorar la calidad de los servicios públicos que presta la Administración», ha aseverado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha acusado al anterior Gobierno del PP de dedicarse en la pasada legislatura al «desprestigio del talento y de los empleados públicos».
Respecto a la reducción de jornada, el consejero ha destacado que permitirá generar sólo en el ámbito sanitario 442 empleos, lo que permitirá que «los mismos servicios se van a prestar con más personal».
Además de la reducción de la jornada laboral y la anulación de la jubilación forzosa a los empleados públicos, la ley aprobada incluye acordar la incorporación de personal por cada concesión de prolongación o renovación de permanencia en el servicio activo.
Y que los ceses por jubilación del personal funcionario y estatutario a los que se les prolongue la permanencia en el servicio activo se computarán para calcular la tasa de reposición de efectivos.
El diputado del PP Lorenzo Robisco ha justificado la abstención de su grupo al afirmar que «es una ley sin garantía porque la están aplicando sin presupuestos en marcha».
«Traigan el presupuesto para que nos podamos creer las medidas que toman», ha pedido al Gobierno regional el diputado, quien ha defendido que los ajustes realizados por el anterior Ejecutivo al colectivo de empleados públicos fue consecuencia de la situación de «ruina desbocada» que se encontraron.
Además, ha criticado que el Gobierno de Emiliano García-Page no cumple otras de las promesas realizadas como la recuperación del 3 por ciento del salario de los funcionarios o la devolución completa de la paga extraordinaria suprimida en el año 2012.
Tras estas declaraciones, el parlamentario del PSOE Rafael Esteban ha opinado que «cada vez que el PP habla de presupuestos pone en perfecto ridículo» a la expresidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, quien según ha dicho presentó sus primeros presupuestos «prácticamente un año después».
Por su parte, el portavoz de Podemos David Llorente ha considerado que «no puede haber mayor incoherencia y desorientación» en las palabras del diputados del PP al afirmar que no apoya la ley porque no hay presupuestos, pero sí pedir otras medidas como la devolución completa de la paga extraordinaria.
En las enmiendas del PP, que el PSOE y Podemos han rechazado por querer introducir contenido ideológico, pedían modificar la exposición de motivos de la proposición de ley para manifestar que los ajustes a los empleados públicos se tomaron «dada la situación económica existente en Castilla-La Mancha en 2011 y la situación financiera de las cuentas, que venían experimentando los mayores niveles de incumplimiento de los objetivos de déficit». Y añadir que esta proposición de ley puede aprobarse ahora por «la sensible mejoría» experimentada en Castilla-La Mancha.