Aunque pueda parecer que ya está todo contado sobre la Guerra Civil y la postguerra, recientemente al Archivo Histórico Provincial de Toledo ha llegado valiosa información para seguir ahondando en dichos acontecimientos y en la recuperación de la memoria histórica. Son 12 cajas con expedientes de entre 1936 y 1947 de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, un organismo creado durante la contienda para hacerse con los bienes de las organizaciones y personas que, por acción u omisión, no apoyaron a los sublevados.
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En estos documentos -guardados hasta ahora por la Audiencia Provincial junto a 2.800 cajas con expedientes vistos por este órgano durante un siglo, desde su creación en 1882 hasta 1981- figuran cómo se llevaban a cabo estas incautaciones y cómo se hacían los requerimientos a los afectados, a quienes -fundamentalmente- se les expropiaban las casas y el dinero que poseían, aunque también sus tierras, el ganado… Incluso hay constancia de que algunas personas, que se apoderaron de bienes de fallecidos o huidos, tuvieron que preguntar a esta comisión si se podían quedar con ellos o si podían venderlos. En estos expedientes llegan a figurar personalidades ilustres como el médico e investigador Gregorio Marañón y Posadillo, quien llegó a vivir en el exilio.
Un decreto ley de 10 de enero de 1937 creó las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes. Se buscaba así poner orden y dar legalidad a los saqueos y ocupaciones por las tropas sublevadas. Estaban presididas por el gobernador civil, un magistrado y un abogado del Estado. Estos delegaban la función de averiguar quiénes eran enemigos del régimen a los alcaldes, militares, guardias civiles, miembros de la Falange…
Las comisiones dieron paso a los Tribunales de Resposabilidad Política que funcionaron hasta los años 60 y cuya documentación, tras su desaparición, fue entregada a las Audiencias Provinciales.
Carlos Flores, director del Archivo Histórico Provincial de Toledo, explicaba a Encastillalamancha.es que estos expedientes de la comisión están ordenados por pueblos. A falta de que se revisen todos ellos y sean sometidos a un proceso de identificación y catalogación, «esperamos obtener datos de todos o casi todos los municipios de la provincia».
Las 2.800 cajas que se acaban de incorporar de la Audiencia Provincial se suman a los 15 fondos de diferentes juzgados de la provincia que ya guarda este archivo. Este tribunal de justicia fue creado en 1882 como órgano de apelación de los juzgados de primera instancia para causas criminales. Poco a poco fue asumiendo competencias en asuntos civiles hasta convertirse en tribunales de apelación en todos los asuntos a partir de 1988.
Los miles de expedientes conservados en estas cajas se encontraban en unas dependencias de la Audiencia Provincial, totalmente desordenados y en malas condiciones de conservación. Ante el temor de que acabasen en un almacén de Zaragoza, lo que habría supuesto prácticamente su pérdida, la archivera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se puso en contacto con el Archivo Histórico Provincial de Toledo para iniciar el proceso de traslado, un proceso que ha durado cinco meses y al que ahora le siguen las labores de descripción para facilitar su acceso al público.
Uno de los expedientes de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes.