La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ha pedido hoy miércoles a varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, que regulen adecuadamente las zonas de alimentación de las aves necrófagas, evitando así reducir las fuentes de alimento para estas especies.
En un comunicado de prensa han recordado que el sistema de normas de sanidad animal puesto en marcha en Europa hace más de 10 años, con motivo de la crisis de las vacas locas, supuso el cierre de comederos y muladares y la prohibición de abandonar buena parte de los restos de animales en el campo, lo que dejó a varias especies de rapaces carroñeras sin su principal fuente de alimento.
En 2011, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aprobó el Real Decreto 1632/2011 para regular la alimentación de las aves necrófagas de interés comunitario según la cual cada comunidad, al tener competencias en materia de gestión de fauna silvestre, debía aprobar su propia legislación para delimitar las zonas de protección para la alimentación de las necrófagas y regular la alimentación de las mismas en las zonas de depósito o en muladares.
Ese Real Decreto se basaba en una primera premisa de certeza científica de que las aves necrófagas no son transmisoras de ninguna enfermedad, incluso cuando se alimentan con materiales de riesgo, y una segunda en la necesidad de garantizar la conservación de estas especies protegidas, en cumplimiento de las Directivas europeas de Aves y Hábitats.
«NORMA COMPLETAMENTE INOPERATIVA»
Mientras que en algunas autonomías sí lo hacen, caso de Castilla-La Mancha, «la norma es completamente inoperativa, al obligar a los ganaderos de explotaciones extensivas a cumplir una serie de condicionantes extremadamente complicados y seguir contratando un seguro para la recogida, transporte e incineración de las reses muertas».
A las dificultades que encuentran las aves para encontrar comida en las comunidades que no han desarrollado las obligaciones de la norma nacional, se unen otros dos factores que agravan su situación.
Así, ha indicado que los buitres ibéricos cada vez consumen alimentos de peor calidad, rebuscando en vertederos o comiendo con frecuencia restos de animales procedentes de explotaciones intensivas donde las reses son tratadas con grandes cantidades de fármacos para uso veterinario, como el diclofenaco, antiinflamatorio recientemente autorizado en España, a pesar de las mortandades masivas de buitres causadas por este producto en India y otras zonas de Asia.
Además, la creciente preocupación por la posible transmisión de la tuberculosis bovina al ganado doméstico desde los restos de caza ha hecho que en comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura se obligue a incinerar los restos cinegéticos, otro recurso fundamental para las carroñeras, obviando que no existen evidencias científicas de transmisión a través de estas aves, ni atendiendo otras causas de expansión de la enfermedad, como son los cambios en los modelos de gestión del ganado.
SEO/BirdLife ha estimado urgente que se avance en el desarrollo eficaz de la normativa europea y estatal en beneficio de buitres y ganaderos y ha creído que el fomento de comederos y muladares, que impidan el acceso a especies carroñeras terrestres donde sea necesario, contribuiría a solucionar la difícil situación de las aves y de los propios ganaderos.
Con ello, se reducirían los gastos de las administraciones autonómicas que sufragan una parte importante del coste de la gestión de las reses muertas y se disminuiría el riesgo de acceso a la carroña por parte de posibles especies transmisoras de tuberculosis bovina.
La península Ibérica tiene un papel clave en la conservación de las aves carroñeras, y concretamente en España se reproduce el 98 % de la población europea de buitre negro, el 94 % de buitre leonado, el 82 % de alimoche y el 66 % de quebrantahuesos.